Las alzas en los precios de los alimentos, de las medicinas, de las gasolinas, gas y gasoil, de la electricidad y del dinero, desestabilizan a los que ganan un salario y mucho más a los que no lo ganan porque no tienen empleo.

Los hogares dominicanos de clase media y pobres viven hoy tiempos difíciles, de angustia, incertidumbre y asombro.

Los salarios no alcanzan. Lo poquito que algunos tenían ahorrado ya se gastó. La pregunta que se hacen mujeres y hombres de nuestro país: “¿Y ahora qué hago, qué puedo hacer? Si mi pareja consiguiera también empleo, seríamos dos; pudieramos soportar mejor, pero no aparece”.

Al alza de precios y a los bajos salarios, se agrega que ahora hay más empleos precarios, es decir, sin seguro médico, sin contrato y sin derechos laborales. En 2019, de cada 100 empleos, 55 eran precarios; hoy son 59 por cada 100.

La precariedad también se hace presente en los servicios públicos: se descuartiza al Estado y se debilita su capacidad resolutiva y redistributiva con el desmantelamiento o abandono de programas y con el traspaso a empresas privadas de responsabilidades estatales y gubernamentales.

Recientemente, el Banco Central reaccionó: subió la tasa de política monetaria con la que espera reducir la masa monetaria circulante y quitarle ganas de consumir a la gente.

Sin embargo, otras instituciones del gobierno, que se sepa, no han movido un dedo en la dirección de aliviar el dolor de la gente.

Esas instituciones y sus encargados conocen sobradamente porqué y como el alza de precios y la precariedad afectan a la gente.

¿Podrían hacer algo? ¿Qué se lo impide?

Roberto Rodríguez Marchena

Editorialista Invitado