El nuevo gobierno ha anunciado su intención e interés en reducir el numero de entidades estatales acogiendo así una propuesta de ley que sometiera a la Cámara de Diputados, durante su ejercicio en el Congreso, la diputada Faride Raful.

El nuevo gobierno no solo ha dado su aquiescencia a la propuesta, sino que, de entrada, anunció la disolución de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, institución creada por el expresidente Joaquin Balaguer, con la finalidad expresa de llevar a cabo obras importantes para el Poder Ejecutivo, que se entendía debían tener cierta celeridad en su ejecución, por razones de carácter político y con fines recaudatorio.

Los demás gobiernos que le sucedieron al doctor Balaguer continuaron con la misma práctica, deviniendo la OISOE en piedra de escándalo permanente, por recurrentes denuncias de corrupción en el uso de los recursos asignados a la entidad que, dicho sea de paso, también entra en competencia de funciones con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC.

58 otras instituciones publicas serían barridas al entrar el nuevo gobierno, algunas por vía de decretos y otras por vía de una ley que esta vez será introducida ante la Cámara del Senado, buscando que tenga mejor suerte y, con ello, se reduzcan la hipertrofiada nómina publica, las dualidades de funciones de entidades gubernamentales y el Presupuesto General de la Nación, cuyo monto a reducir (de éste ultimo, y en caso de suceder tal eliminacion de estructuras gubernamentales), superaría los RD$RD$15,810,594,403 anualmente.

Dentro de las que instituciones que serían eliminadas, por vía de decreto o por la vía de una ley, serían: el Consejo Dominicano del Café, el Instituto Azucarero Dominicano, el Consejo para el Cambio Climático y Desarrollo Limpio y el Consejo Nacional de Agricultura, el Instituto Nacional del Tabaco, los Comedores Económicos del Estado, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la Uva, Consejo Estatal del Azúcar, Proyecto de la Cruz de Manzanillo, entre otras.

Ese proceso no indica cómo serían reestructurados los presupuestos y proyectos que dependen de dichas entidades, y que están en ejecución, no se conoce de estudio ni informe alguno que indique qué sucedería con la empleomanía de dichas instituciones, ni el alcance en el tiempo que implicaría la reducción de la estructura estatal para la gobernanza, pero ya esta puesto en marcha.

Esperemos que los detalles mencionados se aclaren con el paso del tiempo, antes de la aprobación de la ley o la emisión de los decretos que pondrían fin a esas 59 instituciones publicas. Mientras tanto, la suerte esta echada!

Salvador Sánchez

Director