La Ley 36 sobre sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas fue promulgada por el presidente provisional Héctor García Godoy el 18-10-1965.

El desarme y el control de la tenencia y porte de armas era urgente en ese momento de post guerra. Sucesivas modificaciones no impidieron la vigencia del texto hasta el 2016 cuando fue promulgada la muy discutida y consensuada “Ley Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados”.

Antes de que el Estado dominicano suscribiera convenios, tratados, para detener el auge del lucrativo negocio de tráfico ilícito de armas de fuego, el articulado de la derogada Ley 36 servía para agravar infracciones. 

Incluir en la calificación de un expediente una de sus disposiciones, complicaba la situación del prevenido. Sin embargo, su efecto siempre fue fugaz, servía para negociar. 

Era útil para la manipulación en los casos de políticos presos y presos políticos. Agregar el uso ilegal de un revólver a la imputación de un presunto sedicioso, fue costumbre. Mientras eso ocurría la ciudadanía se armaba. 

Cualquiera conseguía, como consigue hoy, un arma. Mostrarla es hábito, tenerla un orgullo. Antes bastaba el formulario 25 para encubrir la ilegalidad, ahora el disparo impide el control.

En el año 1995, con índices de violencia incomparables con los actuales, Fernando Mateo, dominicano residente en EUA, propuso la realización aquí de un programa que resultó exitoso y efímero en un barrio de Nueva York: el cambio de “armas por juguetes”. La iniciativa recibió apoyo de representantes de la jerarquía católica y de la Jefatura de la Policía Nacional. 

El 1996 fue declarado, mediante Decreto-305-, “Año del Desarme y de la No Violencia”. El artículo dos del Decreto emitido por el presidente Balaguer -27.XII.1995- respalda el proyecto y autoriza su implementación.

El plan limitado, excluyente, obtuvo el suficiente padrinazgo mediático para que la alienación creyera que arribaba el momento de la paz. Éxito no fue, pero entusiasmo hubo. Apenas era audible la opinión especializada, conocedora de la realidad penal.

Un reportaje de mi autoría, publicado en este diario con el título: “Armas por Juguetes” (Éxito Ilegal o Fracaso Formal)” contiene el parecer de expertos sobre el canje. La fiscal del D.N., Zoila Martínez Guante, alertó sobre el desatino. 

“El problema no está ahí, el nudo está en Interior y Policía. ¿Qué se hace entregando armas si mi amigo Atilio-se refiere al secretario de Interior y Policía- sigue concediendo permisos para portar armas? Que pare eso”.

La caravana continuó y el resultado dejó atrás la algarabía. La fanfarria logró la entrega de 120 armas, entonces escribí: “en un país donde hasta los adolescentes portan armas de fuego y armas blancas, como parte de su atuendo cotidiano, no es buen promedio. 

Pero, ¿quién admite el fracaso, quién se atreve a realizar un acto de contrición público y a reconocer que nuestra sociedad tiene características propias y lo que fue un éxito en otro lugar, necesariamente, no tiene que resultar aquí?”.

Veinticinco años después, la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana” -EISC-presentada al país por el presidente de la República, incluye “un innovador programa de recompras de armas ilegales”. En el título y la propuesta están la ilicitud y la candidez. 

La intención contraviene el ordenamiento jurídico penal, las competencias de las distintas jurisdicciones. 

La declaración presidencial interfiere el decurso del proceso penal. Luce amnistía para homicidas, asesinos, autores de robo con violencia, traficantes y portadores de armas ilegales. 

Las sanciones establecidas en la ley serán sustituidas por un cupón. Los infractores eludirán el juicio y la condena, cuando entreguen la prueba del crimen y serán recompensados.
En la EISC, además, pervive la concepción clasista del delito y la delincuencia. 

Solo la marginalidad delinque. Pueden continuar con el porte y tenencia ilegal comerciantes, políticos, periodistas, sacerdotes y el extenso etcétera de la impunidad. Tranquilos seguirán exhibiendo Glocks y Kalashnikov.

Aunque el silencio contemporizador de algunos es promesa. Valida, cada vez más, las decisiones oficiales, oportuno sería interrumpirlo para advertir el error y evitar la derrota de las buenas intenciones.

Carmen Imbert Brugal

Editorialista Invitada