Santo Domingo RD.- La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la decisión que declara la extinción de la acción penal a favor de doce imputados y cuatro razones sociales involucradas en el expediente relativo a las irregularidades del sector Los Tres Brazos. 

El tribunal adoptó esta decisión al rechazar los recursos de apelación interpuestos en los meses de mayo y junio de 2024 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

Los recurrentes pretendían anular la Sentencia Penal número 941-2024-SSEN-00082, dictada el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado de Primera Instancia. 

La corte fundamentó el fallo en el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal. 

El tribunal determinó que desde la imposición de las medidas de coerción, ocurrida el 31 de julio de 2018, han transcurrido más de ocho años sin que se dictara una sentencia de fondo de primer grado. 

Durante el análisis judicial, la sala determinó que las dilaciones procesales que excedieron el plazo legal no son atribuibles a los imputados, sino que corresponden a retardos generados dentro del sistema de justicia, incluyendo suspensiones de audiencias y recesos dispuestos por los tribunales. 

La corte confirmó el cese de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados Leoncio Almánzar Objío, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo, Juana Ynés Gómez Williams, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y Lisetel González Sánchez. 

La medida también cobija a las entidades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Inversiones Fernández Parache (Infepa), Soluciones Electrónicas Sidenet y Tekknowlogic Dominicana.

Caso Los Tres Brazos 

El caso de los terrenos de Los Tres Brazos estalló a finales de 2016 e involucró la venta irregular de un populoso sector de Santo Domingo Este por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Consistió en la transferencia de más de un millón de metros cuadrados a una empresa privada (Inversiones Farache / Infepa) por debajo de su valor real y a través de operaciones en las que se utilizaron compañías disueltas, afectando a miles de familias que ocupaban históricamente esos solares y que luego fueron compelidas a comprar a precios desproporcionados o enfrentaron amenazas de desalojo.

El escándalo desató una profunda investigación por corrupción administrativa encabezada por el Ministerio Público, que derivó en el sometimiento a la justicia de exfuncionarios públicos y empresarios acusados de asociación de malhechores, estafa y prevaricación. Sin embargo, tras años de retrasos procesales, debates sobre la complejidad del expediente y sin llegar a celebrarse un juicio de fondo que esclareciera las responsabilidades penales de los imputados, el proceso judicial colapsó recientemente debido al vencimiento de los plazos legales establecidos.