Santiago de Chile.- Chile conmemora este viernes 11 de septiembre los 53 años del golpe de Estado de 1973, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende. Durante la jornada, el Palacio de La Moneda fue bombardeado y Allende murió en su interior, dando paso al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, que se extendió hasta 1990.

La conmemoración de este año ocurre sin un acto oficial del Gobierno en La Moneda, por primera vez desde el retorno de la democracia, mientras organizaciones de derechos humanos y otros sectores realizan homenajes y actividades en memoria de las víctimas de la dictadura.

SIN CELEBRACION

Desde marzo, cuando José Antonio Kast asumió como presidente de Chile, era una incógnita qué sucedería con la conmemoración el 11 de septiembre de los 53 años del golpe de Estado de 1973. Es el primer mandatario, desde el retorno a la democracia en 1990, que apoyó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La fecha del asalto de los militares a La Moneda, que terminó con la muerte del presidente socialista Salvador Allende y de sus principales asesores, ha tenido un tratamiento especial de parte de todos los jefes de Estado en los 36 años de gobiernos democráticos. Entre ellos Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, que condenó las violaciones a los derechos humanos. Pero Kast ha decidido continuar con su agenda habitual con un viaje a la región de Los Ríos, en el sur del país, y anunció que no habrá un acto oficial.

El presidente chileno, que participó la semana pasada en el encuentro ultra Foro Madrid, con el argentino Javier Milei como protagonista, solo dejó abierta la puerta para que si alguien quiere orar, en la misa que cada viernes se celebra en La Moneda, lo haga. “No hay problema”, dijo. “Nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”, ha señalado Kast, sin querer volver la mirada al quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a una feroz dictadura de 17 años, con centenares de muertos, desaparecidos y perseguidos.

Este jueves, el portavoz y ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que el 11 de septiembre “es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos”. Alvarado aseguró que como Gobierno son “respetuosos de esas aproximaciones”. “Estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas. Y pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”, agregó.

La distancia de Kast con la fecha forma parte de su estrategia en la última de sus tres campañas presidenciales, la de 2025, en la que logró la victoria. Antes, en cambio, eran habituales mensajes en sus redes sociales apoyando el golpe de Estado. Hoy, que es presidente, dijo en una reciente entrevista a radio Cooperativa, el 31 de agosto, que su postura “es conocida” y que valora “que no se olviden las fechas” porque forman parte de “nuestra historia”.

La oposición de izquierda ha criticado no solo que este año no exista un acto oficial. También, el silencio del Gobierno de Kast ante las palabras de Milei en la cumbre de la ultraderecha internacional organizada por la Fundación Disenso. En ese foro, el presidente argentino afirmó: “Tras el derrocamiento del comunista [socialista] Allende”, Chile “entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Gracias a ello, fue la envidia en términos económicos en la región. Sin embargo, pese a haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la fase del socialismo del siglo XXI con el resto de la región”.

El Partido Socialista (PS), que encabazaba Allende, considera “inaceptable que un mandatario extranjero haya reinvindicado en Chile un golpe de Estado contra un presidente elegido democráticamente”. También criticó, en una declaración pública, la frase con la que Milei se refirió a la izquierda, de “zurdos mugrosos”. Para los socialistas, fueron “epítetos y groserías para referirse a quienes piensan distinto”.

Incluso unos pocos parlamentarios de la derecha tradicional cuestionaron a Milei, muy cercano a Kast. Uno de ellos fue el senador de la UDI Iván Moreira, conocido por el ferviente apoyo que dio a Pinochet: “Para un sector de la ultraderecha, el presidente Milei es un genio, es un crack. Pero la mayoría de los chilenos no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar a la historia política chilena, con sus luces y sus sombras (...) De izquierda a derecha tenemos que tener algo de dignidad y decir: ‘Basta, señor Milei”.

La búsqueda de desaparecidos

El amplio triunfo de Kast en las elecciones de diciembre (ganó con un 58%, con voto obligatorio) provocó consternación en la generación que fue víctima de la dictadura. En Chile, los crímenes de Pinochet son una herida abierta, porque todavía hay más de 1.400 personas desaparecidas. En los tribunales, existen más de 1.000 casos en investigación, la mayoría por torturas. También está pendiente la extradición de exagentes de la DINA, la temida policía secreta del régimen, entre ellas la de Adriana Rivas y la de Armando Fernández Larios, que se encuentran en Australia y Estados Unidos, respectivamente.

Con la llegada de Kast, uno de los varios temores de los familiares de las víctimas era qué pasaría con el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia de las personas desaparecidas, una iniciativa que creó la Administración del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en 2023. El Gobierno de extrema derecha aseguró su continuidad, aunque a menos de un mes de asumir despidió a sus principales responsables. Como reemplazo, Kast designó a una abogada de su confianza, que dirige tanto el Plan de Búsqueda como el Programa de Derechos Humanos (que antes tenían dos jefaturas distintas).

Además, cerró la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), que indaga los casos de miles bebés que fueron arrebatados a sus madres, la mayoría de escasos recursos, entre 1970 y 1990. La instancia fue creada por Boric, un mes antes de dejar La Moneda, y hoy continúa, pero alojada en el gabinete de la subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del ministerio de Justicia.

La duda sobre los indultos

Una pregunta que sigue latente es si Kast indultará a los violadores a los derechos humanos. Pero, cada vez que se le pregunta, deja la duda. “Lo que señalé, incluso en campaña, es que el tema de los indultos se ve caso a caso”. “Los tribunales se han pronunciado y uno no discute las resoluciones, pero cuando hay solicitudes de indultos individuales cada presidente (...) tiene la posibilidad de indultar caso a caso y de acuerdo con las situaciones que, generalmente, dicen relación, con lo que ha ocurrido antes, con temas humanitarios”, dijo a radio Cooperativa, el 31 de agosto.

Durante la campaña, por ejemplo, en uno de los debates con otros candidatos, Kast evadió responder si indultaría a Miguel Krassfoff, un exalto oficial del Ejército que perteneció a la DINA y que acumula más de 1.000 años de cárcel por cientos de ejecuciones, torturas y desapariciones, a cambio de entregar información sobre las personas desaparecidas. El exunifomado está detenido en el penal conocido como Punta Peuco y acaba de reivindicar el golpe de Estado, en una carta que envió el senador democristiano, Iván Flores. “No necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, dijo.

Ya como presidente, Kast ha tenido algunos gestos hacia Punta Peuco, una cárcel que se levantó en 1995 para albergar exclusivamente a los violadores a los derechos humanos de la dictadura. A finales de 2025 Boric firmó un decreto para transformar el recinto especial en un penal común, como un símbolo. Ingresaron los tres primeros reos, entre ellos, un condenado por delitos sexuales. Pero, en mayo, Kast admitió que ordenó sus traslados a otras cárceles. Su argumento fue que era parte de una “reformulación del sistema penitenciario”, aunque el subsecretario de Justicia, Luis Silva, el Partido Republicano del presidente, había señalado que estaban como “pollos en corral ajeno”. Desde el Gobierno se aseguró que a los internos se les consultó si querían ir a otro penal y aceptaron.

Kast sí ha dicho en varias ocasiones que es partidario de abrir un debate nacional sobre si los reclusos con enfermedades terminales o que ya no tienen conciencia de su situación, deben permanecer en prisión hasta fallecer. Es lo que él denomina como los “temas humanitarios”. “Nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”, ha señalado. Pero, cada vez que lo dice, apunta a que es una discusión que debe darse en el Congreso y no zanja si el beneficio alcanzaría también a los violadores a los derechos humanos: la mayoría de los 140 reclusos que están en Punta Peuco tienen entre 70 y 80 años.

Es un asunto que, a diferencia del pasado, ahora Kast esquiva y maneja con precaución. En 2017, visitaba a los presos de Punta Peuco y decía cosas como: “Más allá de las condenas, militares y civiles merecen justicia. Hoy en muchos casos prima la venganza por sobre la justicia”.