La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador(Congreso unicameral, controlado absolutamente por el oficialismo) en el sentido deeliminar toda restricción constitucional a la reelección presidencial, aprobada junto aotras providencias que tienden a apuntalar la autoridad ejecutiva, desgraciadamentecoloca a esa nación en la conocida ruta hacia la dictadura. (Como hay quienes parecen querer olvidar lo que es una dictadura, conviene recordarque su raíz literal es el vocablo latino “dictator” -el que dicta, manda y ordena-, y queaunque en su acepción romana está referida a un magistrado escogido por sus altasvirtudes cívicas para detentar el poder de manera temporal y total -sólo con algunasrestricciones- en momentos de graves crisis, en nuestros tiempos el concepto designa aun tipo de régimen político en el que, sin distinciones de ideologías o posiciones en elespectro partidista, el gobernante asume y ejerce, legal o fácticamente, todas lasfacultades de dirección del Estado sin contrapeso, supervisión, control ni oposición). Lo que ha acontecido en El Salvador, naturalmente, casi no ha sorprendido a nadie, y nosólo porque ese sesgo o ruta de los gobiernos autoritarios sea un lugar común en laHistoria, sino también debido a que la preeminencia de la fuerza sobre la razón en elmanejo del Estado (y subsecuentemente del individuo sobre las instituciones) se habanalizado en este siglo XXI, una centuria en desarrollo cuyos perfiles espirituales mássobresalientes son el descrédito de la cultura, el prestigio del narcisismo, el auge de laideología religiosa fundamentalista y una espectacular resurrección del extremismo dederecha. Como el suscrito ha dicho en otro lugar, el autoritarismo está de moda en el mundo y larazón democrática se tambalea entre espasmos de descreimiento, disfuncionalidad ydeslustre, y de manera tan dramática que se han levantado de sus cenizas y de maneradesafiante sobrecogedores difuntos del pensamiento filosófico y político como elirracionalismo confesional, la nostalgia totalitaria, la arcaica “guardiología”, eldesprecio por los derechos y las libertades y, sobre todo, la terrible y ya omnipresentedevoción neogeneracional por los pavorosos amaneramientos políticos, sociales yculturales del autoritarismo. En tal contexto circunstancial -hay que insistir en ello- resultaba más que previsible queel presidente Nayib Bukele no resistiera la tentación de triturar la alternabilidad en ElSalvador como medio para enrutarse hacia la permanencia en el poder sinconstreñimientos constitucionales, y muy especialmente en estos instantes porque lasencuestas revelan que en los últimos meses su popularidad se ha estado resintiendoligeramente sin dejar de ser, más allá de sus controversiales peroratas ydeterminaciones, uno de los mandatarios con mayor asentimiento social en el continentey uno de los paradigmas preferidos de la gente joven. (El leve descenso en la popularidad del mandatario salvadoreño ha sido atribuido porlos observadores básicamente al rechazo ciudadano a su manejo de varios temas ecológicos y financieros, pero en general la percepción pública sobre su mandato siguesiendo ampliamente favorable, particularmente cuando en los muestreos se invocadirecta o indirectamente su política de erradicación de la criminalidad y ladelincuencia). Bukele, como se sabe, es un experto en publicidad (la estudió académicamente y laaplicó con excelentes resultados en las empresas familiares) que se montó en la olaconteporánea de abominación por la política tradicional (toda: la de derecha, la decentro y la de izquierda) tras el fracaso sucesivo de los proyectos intervencionistas(democristianos, socialdemócratas y posmarxistas) en la conducción del Estado y laeconomía que, en su momento, constituyeron la esperanza de los depauperados y de lasclases medias para “subsanar” los estragos del fundamentalismo de mercado de losproyectos neoliberales de la víspera. Bukele tampoco no estuvo ausente de las gestiones gubernamentales desocialdemócratas y posmarxistas (de hecho, fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán,2012-2015, y de San Salvador, 2015-2018, en la boleta del FMLN), pero saltó del barcocuando, después de una par de períodos de gran crecimiento económico, El Salvadorentró en un ciclo de agravamiento de las carencias materiales y espirituales de la gente yde aparición de bandas delincuenciales todopoderosas y abracadabrantes queprácticamente arrodillaron al Estado y vandalizaron a toda la sociedad. La erradicación de la criminalidad y la delincuencia, logro innegable de laadministración de Bukele, ha creado un ambiente de paz y tranquilidad que ha sidoagradecido por todo el pueblo salvadoreño (y muy específicamente por los integrantesde su aparato productivo, que eran rehenes de las bandas), pero se ha alcanzado a uncosto bastante alto desde el punto de vista del Estado de derecho: la quiebra de lainstitucionalidad pluralista (el Ejecutivo controla todos los poderes públicos y embistediariamente contra las organizaciones de la sociedad civil), la supresión de libertadesfundamentales y la vigencia de un régimen de control policíaco-militar que no deja derecordar a las “democracias populares” del Oriente europeo y a los “gobiernos deregeneración” (dictaduras civiles o militares) de Asia, África y América Latina. Por supuesto, la tensión entre las necesidades del orden público y el ejercicio pleno delas libertades no es nuevo (antes al contrario, es la cuestión nodal de la política comodisciplina del ejercicio del poder desde el siglo XIX), como tampoco lo es (enseñanzaelemental y persistente de la Historia) que quienes se inclinan por una preeminenciaincondicional del primero terminan casi siempre estableciendo una dictadura, y quieneslo hacen por las segundas concluyen permitiendo la gestación de grupos que minan lapaz y la autoridad del Estado… La antinomia de desenlace parece simplemente cómica,pero en realidad es la tragedia mayor de la política en todas las latitudes y en todos lostiempos. Es obvio que Bukele, como buen integrante de la oligarquía salvadoreña, optó -¡mañafuera!- por darle prioridad al orden público, y para ello hubo de distanciase de susorígenes filoliberales y protoprogresistas, acercarse a la racionalidad castrense que noera de su simpatía en sus años mozos y, finalmente, actuar como un outsider de lapolítica tradicional no tanto para renegar de ella como para intentar liquidarla o llevarlaa su mínima expresión en tanto “nido de corruptos” y “ejercicio contemplativo de debilidad” frente al nuevo enemigo “disolvente” de la sociedad: las famosas yaterradoras “maras”. (Y -que no se olvide- también eso último lo ha logrado Bukele: los grandes líderes ypartidos del sistema, calcinados por el desdoro originado en la ineficacia y lacorrupción, virtualmente carecen en estos momentos de presencia orgánica, pues hanquedado reducidos a nombres y siglas cuya mención en la sociedad evoca épocas quenadie quisiera recordar y dan pie a palabrotas de rechazo, “cortadas” de ojo y pucherosde todo rango y alcance). La cuestión, empero, aunque sea antigua y conocida, está en pie nuevamente a propósitodel caso de Bukele y El Salvador, y mucho más ahora con el vericueto de “reinadorepublicano” abierto por su Asamblea Legislativa y secundada con silentes “aplausoschinos” por sus admiradores de todo el orbe: ¿vale la pena sacrificar el Estado dederecho y las libertades en el ara del orden público? O mejor: ¿la paz y la tranquilidadmerecen el sacrificio de la legalidad y las libertades? Históricamente las respuestas a esa cuestión también han estado claras: quienes seapegan al conservadurismo, el tradicionalismo, el fundamentalismo religioso, lasatisfacción de las necesidades primarias, el individualismo y el mantenimiento de losprivilegios económicos y sociales habitualmente entienden que eso es lo correcto,mientras que los que se decantan por el liberalismo, la solidaridad humana piadosa, lasreformas económicas y socioculturales, el cultivo de la espiritualidad más amplia yplural, la religiosidad no teocrática y el bien común generalmente consideran que no loes. Y, por supuesto, en lo atinente al tema, y dado que es un socialdemócrata inveterado e“irremiso” (y, por lo tanto, un “pendejo” devoto y prosélito de valores que hoy no estánde moda, pueden ser molestosos y van “a contracorriente” del momento), el derroteroque indican las “luces direccionales” del pensamiento del autor de estas líneas se cae dela mata: cree que la suprema manifestación del genio político reside precisamente enencontrar el punto de equilibrio entre las necesidades del orden público y el ejercicio delos derechos y las libertades. Por ello, la decisión adoptada por los legisladores salvadoreños le parece -punto más,punto menos- otra manifestación política de un “corte” conductual que también está enboga hoy en todas las esferas de la vida humana: procurarle a los problemas o a lascrisis la rápida y quirúrgica “solución del bruto”, porque estudiar, razonar y actuar conespíritu de justicia (filosófica, religiosa, ideológica o ética) puede ser demasiado tediosoy fatigante. (*) El autor es abogado y politólogo. Reside en Santo [email protected]