Santo Domingo, RD.- Los principales partidos políticos han incrementado su activismo de cara al proceso electoral del 2028, en el cual se escogerán las nuevas autoridades del país El Partido Revolucionario Moderno, PRM, la Fuerza del Pueblo, FP, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se debaten entre procesos de escogencia o renovación de sus autoridades internas y la confrontación de los aspirantes presidenciales detrás de ganar adeptos dentro y fuera de sus organizaciones.

El PRM exhibe la mayor de las fuerzas, a pesar de un descenso de sus simpatías en la población, según marcan las últimas encuestas de ACD Media y otras firmas, a cuyo interior se movilizan sus dirigentes y miembros. Una disputa sobre el método a utilizar para reestructurar su dirección política, debatiendo si lo hacen por consenso o por convención, ha caldeado los ánimos y conducido a muchos de sus dirigentes al debate público de las diferencias.

En tanto que se ha acrecentado el activismo interno de sus aspirantes presidenciales tras la decisión de Carolina Mejía y su equipo de recorrer el país rindiendo cuentas de la labor de esta al frente de la Secretaría General de la organización política, pero convirtiendo cada acto de rendición de cuentas en una proclamación de sus aspiraciones presidenciales Barahona y el Cibao se convirtieron en escenario de demostración de fuerza por la única mujer que aspira a la presidencia de la República de cara al 2028.

La Fuerza del Pueblo, salvo algunos amaracos de disidencia interna, avanza sin dificultad en lo atinente a ambos casos: la reestructuración de su dirigencia y las acciones en procura de promover al único aspirante presidencial validado que llevan; el expresidente Leonel Fernández.

Mientras que el PLD, habiendo ajustado su dirección política, apresura el paso para la selección de la figura presidencial de cara al próximo torneo, y se mueve en dos sentidos; sus 8 aspirantes presidenciales destinan tiempo a promover sus aspiraciones interna y públicamente y el presidente de la organización, el exmandatario Danilo Medina, acicatea con declaraciones contra las políticas del gobierno con la finalidad de motivar a la población a reaccionar frente a lo que entiende es un mal gobierno y en la búsqueda de aumentar las simpatías alrededor de su marca político-partidaria.

Las tres organizaciones políticas principales de la nación dominicana están en plena efervescencia interna y a todas luces en adelantada campaña electoral frente a un torneo que ya algunos afirman se debatirá en segunda vuelta, debido a lo reñido que se muestran las preferencias con un PRM que ha descendido en más de diez puntos porcentuales en sus simpatías y dos contendientes opositores, FP y PLD, que han incrementado sus números en la acogida de los dominicanos.

El PRM llegó a tener unos 24 aspirantes presidenciales en meses pasados, reduciéndose estos a poco menos de diez que se promueven en los actuales momentos. Carolina Mejía, David Collado, Guido Gómez Mazara, Yayo Sanz Lovaton, sobresalen por entre sus compañeros en esta lucha interna aspiracional.

Mientras que en el PLD Francisco Javier García, Charles Mariotti, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González son los que tercian por la candidatura presidencial de los morados.

En solitario, en la Fuerza del Pueblo, corre el expresidente Leonel Fernández tras una nueva vez competir por la presidencia del país.

En medio de ese debate o carrera por los puestos y aspiraciones presidenciales que enfrenta a compañeros de las mismas entidades partidarias, se torna gris el ambiente con la decisión anunciada por la Junta Central Electoral (JCE), órgano regulador de los procesos y vigilante de la condición ciudadana, de impedir el libre uso legal y constitucional de los diagnósticos sociales o encuestas que miden diferentes variables de la opinión pública.

"Queda terminantemente prohibida la difusión o publicación, a través de cualquier plataforma o medio de comunicación, de encuestas de opinión con propósitos electorales fuera del cronograma legal de la precampaña, etapa que arrancará formalmente el primer domingo de julio del año previo a los comicios, bajo el amparo del artículo 41 de la Ley Núm. 33-18 de Partidos…", con ese epígrafe se pronunció la JCE.

El reglamento introducido al debate después de más de un año en discusión para su aprobación por el sistema de partidos y la JCE ha puesto contra la pared a las firmas encuestadoras y a los propios partidos y aspirantes, quienes no solo cuestionan la decisión, sino que adelantan que se tomó en estos momentos para favorecer al partido gobernante.

La decision de la JCE sobre las encuestas

Los medios han informado de forma general que la Junta Central Electoral (JCE) aprobó un nuevo reglamento, que fuera discutido con los partidos hace mas de un año, el cual restringe la difusión de encuestas electorales fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña. La disposición también contempla sanciones para las firmas encuestadoras que incumplan la normativa, además de establecer requisitos más estrictos para su registro y supervisión.

La resolución, publicada el pasado 22 de mayo, señala que las marcas encuestadoras que promuevan y divulguen estudios de mercado politico antes del inicio formal de la precampaña podrán enfrentar suspensiones de entre seis meses y un año. En casos de reincidencia, la JCE podrá cancelar de manera definitiva su registro o marca de encuestas.

Asimismo, el reglamento prohíbe que partidos políticos y dirigentes den a conocer encuestas internas realizadas fuera del período autorizado por la ley electoral.

Entre las nuevas exigencias, la normativa establece que todas las encuestadoras deberán registrarse previamente ante la JCE, proceso que ya existia y que contaba con un listado amplio de firmas registradas, y divulgar la ficha técnica completa de cada estudio. Esta deberá incluir detalles como el tamaño de la muestra, margen de error, metodología utilizada, preguntas aplicadas y número de registro oficial.

Esa decision de la JCE ha provocado el cuestionamiento de partidos, dirigentes politicos, medios de comunicacion y firmas encuestadoras. Cierto o no, con su decisión la JCE ha introducido un elemento al debate que indica que este proceso no solo se adelantará en lo electoral, sino también en la discusión legal de la normativa que le rodea.