Santo Domingo RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó este lunes que la certificación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) —a solicitud del aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito— tenga efecto vinculante sobre su proceso interno.

Por lo mismo, ratificó que la consulta para escoger su figura presidencial más aventajada se celebrará el 18 de octubre de 2026, tal como estaba previsto.

La JCE respondió a una petición individual, no al partido

El vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, fue categórico al deslindar la certificación del organismo electoral de los trabajos que adelanta la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026).

"La Junta le ha dicho a Francisco Domínguez Brito que sobre lo que él le preguntó es ilegal. Sobre lo que él le preguntó le emitió una certificación", precisó Lorenzo ante los periodistas que lo abordaron en la rueda de prensa semanal del partido.

 

El dirigente morado subrayó que la JCE es un órgano administrativo, no judicial, y que no fue apoderada de ningún litigio.

"Cualquiera de ustedes puede solicitar una certificación y la Junta le va a certificar lo que ustedes le están pidiendo que ella certifique", ilustró, dejando en claro que el documento no obliga al partido en su conjunto.

En la misma línea, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, sostuvo que la comunicación de la JCE "expresa el parecer del organismo sobre lo planteado por él [Domínguez Brito], pero no tiene ningún efecto vinculante para nosotros".

Dantés Díaz aseguró que cualquier decisión que adopte el partido estará apegada a la Constitución, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos, y destacó que no existe ninguna resolución judicial que establezca que el PLD esté actuando al margen del ordenamiento legal.

La JCE declaró improcedente la consulta; el PLD dice que eso no le concierne

El trasfondo de la controversia se remonta al 25 de junio, cuando la JCE, en su sesión administrativa ordinaria número 05-2026, respondió a una solicitud de Domínguez Brito y determinó que la consulta interna prevista para el 18 de octubre carece de respaldo en el marco legal electoral vigente y resulta improcedente en la etapa actual del calendario.

El organismo argumentó que el mecanismo otorga ventajas a un aspirante específico y no se ajusta a la normativa que regula el período previo a la precampaña.

Domínguez Brito, quien había pedido a la JCE que precisara si el proceso era compatible con el reglamento que elaboraba el organismo, reaccionó solicitando una reunión urgente del Comité Político del PLD. 

Sin embargo, la dirección del partido optó por una postura diferente: ignorar la certificación como instrumento colectivo y avanzar con la CONAP-2026.

El argumento de la autodeterminación partidaria

Lorenzo invocó el principio de autodeterminación de los partidos políticos, reconocido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y consagrado en la Constitución de la República, como escudo jurídico frente a la posición de la JCE.

"Es un criterio firme del TSE la autodeterminación de los partidos políticos", afirmó.

Para el PLD, la certificación solo tendría alcance colectivo si el organismo electoral hubiera convocado al partido a ser escuchado antes de emitirla, lo que, según Lorenzo, no ocurrió.

"De tener un alcance colectivo tendría que convocar al PLD porque de lo contrario estaría violando el derecho de defensa al no escucharlo", argumentó.

Antecedentes y lo que viene

No es la primera vez que el PLD recurre a una consulta interna para definir su candidatura presidencial. El partido ya utilizó un mecanismo similar en el pasado: realizó una consulta entre su militancia y posteriormente oficializó la candidatura mediante una convención de delegados, un modelo que ahora pretende replicar de cara a las elecciones generales de mayo de 2028.

En paralelo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fusionó los expedientes TSE-01-0018-2026 y TSE-01-0019-2026, que corresponden a impugnaciones de decisiones del Comité Central del PLD, y fijó para el 16 de julio la próxima audiencia.

El TSE, además, excluyó a la JCE del proceso al determinar que la institución no está vinculada a las actuaciones objeto de la litis, un detalle que el PLD interpreta como un respaldo implícito a su postura.

Con el reloj corriendo y el 18 de octubre en el horizonte, la pugna entre la dirección del partido y el sector que lidera Domínguez Brito —quien busca que el Comité Político delibere antes de seguir adelante— perfila una fractura interna que podría condicionar la unidad del PLD en su camino hacia 2028.