Estados Unidos.- Un ciudadano dominicano residente en Cleveland, Ohio, se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una sofisticada estafa que tenía como principales víctimas a adultos mayores en Estados Unidos.

Detalles del caso

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania informó el pasado viernes 26 de junio, que Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, admitió un cargo de conspiración para lavado de dinero ante la jueza federal Nora Barry Fischer.

De acuerdo con las autoridades, Bisono Rodríguez formaba parte de una organización criminal con base en la República Dominicana que operaba el conocido esquema fraudulento denominado "Grandparent Scam" o "la estafa de los abuelos".

Operación del fraude

Según la investigación, durante varios años los estafadores llamaban por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar cercano, generalmente un nieto, asegurando que enfrentaba una emergencia —como un arresto o un accidente— y que necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza u otros gastos.

Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas bancarias y, creyendo que ayudaban a su familiar, entregaban el dinero a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber, quienes desconocían que participaban involuntariamente en un fraude. Los conductores trasladaban el efectivo, en muchos casos cruzando fronteras estatales, hasta entregarlo a integrantes de la organización.

Las autoridades señalaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido mediante el fraude y posteriormente lo lavaba depositándolo en instituciones financieras o enviándolo mediante transferencias a la República Dominicana, sabiendo que los fondos provenían de actividades ilícitas.

La jueza Fischer fijó la audiencia de sentencia para el 9 de septiembre de 2026.

El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares o ambas sanciones. No obstante, la sentencia definitiva dependerá de las directrices federales de imposición de penas y de los antecedentes penales del acusado. 

El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con el Departamento de Policía de Parma, Ohio, y seis departamentos policiales del oeste de Pensilvania.