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Félix Santana García

Nuevo ajuste fiscal

A raíz de la actualización y complementación de la Carta de Intención y el Memorando de Políticas Económicas y Financieras de octubre de 2009 y marzo de 2010, el Gobierno Dominicano se ha comprometido cumplir con los Objetivos y Políticas para 2010 al 2012, relativas a llevar a cabo una consolidación fiscal gradual, a los fines de reducir la relación deuda/PIB y aumentar la inversión pública.

Conforme la señalada carta, el ajuste fiscal se logrará mediante una combinación de aumentos de ingresos de cerca de 1.5% del PIB entre 2009 y 2012, a ser obtenidos a través de mejoras en la administración tributaria, racionalización de las exenciones, así como la recuperación de impuestos que el ciclo económico traerá y, reducción de susidios no focalizados al sector eléctrico de alrededor de 1% del PIB, durante el mismo período.

Apunta dicha carta que la consolidación fiscal gradual, continuará durante la segunda mitad del presente año, hasta llegar a la meta anual de cero, para el saldo primario del sector público consolidado, a corde con un déficit global del 2.3% del PIB para la administración central y de 3.9% para el sector público consolidado.

Estos objetivos y políticas, el Gobierno estima lograrlos a través de la modificación del presupuesto presentado ya ante el Congreso Nacional, que incluye reducción del gasto en 0.4% del PIB, medidas administrativas de ingresos tributarios y no tributarios de alrededor de 0.2% del PIB y de un 0.4% del PIB de medidas administrativas para reducir aún más los gastos de capital previstos.

El Gobierno dominicano proyecta de forma conservadora un aumento de la presión tributaria de 13.3% del PIB, lo cual produciría ingresos por el orden de un 14% del PIB.

Con respecto a estos aspectos, el sector empresarial dominicano, considera que son medidas para resolver la coyuntura inmediata con el FMI y, no para lograr transformaciones de fondo o estructurales.

No obstante el Gobierno mostrarse ante el país, el FMI y el mundo, satisfecho por haber supuestamente cumplido con las metas hasta donde ha llegado el acuerdo Stand by con dicho organismo, las metas de ingresos tributarios, nivel de endeudamiento y déficit fiscal no fueron logradas como originalmente se había pactado.

Independientemente de que el ajuste fiscal que el Gobierno Dominicano se ha comprometido realizar ante el FMI, sea o no gradual, este afecta y afectará el costo de la vida y dañará la competitividad del sector empresarial dominicano.

Quiérase o no camuflagearse la reforma fiscal, mediante ajustes, impuestos y aranceles por vía administrativa, eliminación de exenciones, indexación de impuestos a los hidrocarburos, adelantos de impuestos sobre la renta y cobros del ITBIS en las aduanas y no en la Dirección de Impuestos Internos (DGII) de forma diferida, como venía realizándose, la misma encarece y encarecerá la vida del dominicano.

Esto, traducido a la realidad de los hechos, el pueblo trabajador tendrá menos poder de compra, ya que, los costos de producción serán mucho más altos, lo que por ende aumentará los precios, disminuirá el consumo, producción, cobro de impuestos y se agravará el desempleo.

Mientras la tendencia en muchos países, es la de disminuir impuestos, aumentar estímulos económicos y facilitar la competitividad, mediante el abaratamiento de costos de producción, las autoridades dominicanas se empeñan en hacer todo lo contrario, para no tener que reorientar, disminuir o controlar los gastos públicos.

Muchas naciones latinoamericanas y del resto del mundo, hacen esfuerzos extremos para evitar pactar con dicho organismo internacional, debido a que las recetas que regularmente aplican son desfavorables a la población más necesitada

Hasta que las autoridades dominicanas, no se concienticen de que lo correcto y pragmático es la de controlar los gastos, disminuir el endeudamiento, coadyuvar con el desarrollo manufacturero, agropecuario, zona franca y turismo, estarán dando palos a siega, vanagloriándose solo, de haber pactado un acuerdo con el FMI, que implícitamente entrega la soberanía económica-financiera de la República Dominicana.

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