Santo Domingo RD . – La diputada Leyvi Bautista y su esposo, el empresario Jean Claude (Lugel Gasile Guelie), interpusieron una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contra el comentarista Eduardo Alberto Saint-Hilaire Ramírez, panelista del programa Esto no es Radio Show, así como contra el Grupo Alofoke, por presuntos delitos de difamación e injuria a través de plataformas digitales.

La acción judicial se fundamenta en los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en el artículo 367 del Código Penal Dominicano, los cuales sancionan las expresiones que lesionen la honra, la reputación y la imagen pública mediante medios electrónicos.

Acusaciones y alcance de la querella de Bautista

De acuerdo con el expediente, Saint-Hilaire habría realizado declaraciones públicas, reiteradas y sin sustento, vinculando al empresario Jean Claude con supuestas actividades delictivas graves, incluyendo narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y participación en estructuras del crimen organizado.

Las afirmaciones también habrían afectado la dignidad personal de la diputada y provocado daños morales a sus hijos menores.

Los querellantes sostienen que dichas expresiones, difundidas en plataformas digitales de amplio alcance, constituyen una campaña de descrédito sin base probatoria, con consecuencias personales y profesionales de alto impacto.

Reclamación económica y responsabilidad civil

En el marco del proceso, Bautista y su esposo reclaman una indemnización de RD$100 millones por daños morales, personales y reputacionales derivados de las declaraciones emitidas.

La querella incluye como terceros civilmente responsables a Alofoke Media Group Corp. y Alofoke Music S.R.L., entidades asociadas a la producción y difusión del programa donde se habrían producido las expresiones.

Representación legal y alcance del proceso

Para la defensa de sus intereses, los querellantes designaron al abogado Miguel Valerio, quien estará a cargo de la conducción del proceso judicial.

Con esta acción, la diputada y su esposo buscan reivindicar su honor e integridad, al tiempo que plantean un precedente frente al uso indebido de plataformas digitales para la difusión de contenido difamatorio.