Santo Domingo RD.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se convirtió este lunes en el escenario de uno de los momentos más desgarradores del proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set. Uno a uno, familiares de las 236 víctimas fatales y sobrevivientes de la tragedia —ocurrida el 8 de abril de 2025 en la avenida Independencia de Santo Domingo— se presentaron ante el juez Reymundo Mejía para exigir que la justicia esté a la altura del dolor que cargan.

Los testimonios, marcados por la rabia contenida y el duelo sin cerrar, coincidieron en un punto central: los responsables sabían lo que podía ocurrir y no actuaron.

"Era la primera vez que iba. Se sentía segura"

Las primeras en tomar la palabra fueron madres que perdieron a sus hijas, y su presencia marcó el tono más conmovedor de la jornada.

Ramona Patricio llegó al tribunal con el peso de haber perdido a Estefanía Venda Patricio, de apenas 23 años, quien había viajado desde La Romana esa noche con sueños de superación. "Era la primera vez que iba a esa discoteca. Ella se sentía segura porque el lunes del Jet Set era lo máximo", relató con la voz quebrada.

Para Patricio, la tragedia no fue un accidente: fue el resultado de decisiones humanas. "Esto pasó por la avaricia, el dinero y el poder", afirmó, responsabilizando directamente a quienes administraban el establecimiento.

Marca Almonte, madre de Annia Vargas Almonte, fue más directa en su exigencia al tribunal. Dijo confiar en que el juez actuará conforme a derecho, pero advirtió que no aceptará privilegios para los imputados. "Esto no puede quedar impune", enfatizó, señalando que las pruebas presentadas en el proceso son suficientes para sustentar una condena.

Cuatro días buscando un cuerpo

Con relatos cada vez más crudos, otros afectados expusieron las secuelas físicas y emocionales que dejó la tragedia, un año después. El señor Maldonado, quien perdió a su padre José Ovidio Maldonado, denunció que los responsables no se presentaron al lugar tras el derrumbe. Contó que pasó cuatro días buscando el cuerpo de su familiar entre los escombros, siendo este el último en ser recuperado. "Yo no duermo, no tengo tranquilidad", dijo. "Tengo siete niños que dejó mi hermano y no sé cómo explicarles que esto se pudo evitar."

Su cuestionamiento fue directo: si los acusados no acudieron al lugar, es porque "sabían lo que iba a suceder".

Nelson de Jesús Sánchez pidió justicia por la muerte de su hija y de sus familiares Néficis Sánchez y Tony Blanco, quienes dejaron niños en la orfandad. "Lo que quiero es la pena máxima, porque me cambiaron la vida", manifestó.

"Mi hijo me advirtió de filtraciones y grietas"

El sobreviviente Cristóbal Hilario Moya cerró los testimonios con un relato que conectó directamente con las declaraciones previas del principal testigo del caso, Gregory Adames. Moya contó que salvó su vida esa noche, pero perdió a tres amigos. Y reveló que las señales de deterioro eran visibles antes del colapso.

Un proceso que avanza entre tensiones

Los testimonios de este lunes se producen en el marco de una audiencia preliminar que ha estado marcada por fricciones procesales. El pasado 20 de abril, el juez Mejía rechazó la reproducción de testimonios de testigos, al considerar que la fase preliminar no es el escenario para interrogatorios. Ese mismo día, más de 50 querellantes desistieron del proceso, aunque sus representantes legales aseguraron que quienes permanecen "son de mucho valor".

El Ministerio Público sostiene una acusación de 156 páginas por homicidio involuntario contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento. Sin embargo, un número creciente de familias exige que esa calificación sea elevada a homicidio voluntario, argumentando que existía conocimiento previo del peligro y que, aun así, el local continuó operando.

La audiencia preliminar continuará en los próximos días. El juez Mejía deberá determinar si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.

Datos sobre el caso

El derrumbe del techo de una discoteca, registrado la madrugada del 8 de abril de 2025 durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, provocó la muerte de 236 personas, más de 180 heridos y dejó a 174 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad.

Audiencias anteriores

El lunes 20 de abril, el magistrado Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, escuchó los planteamientos de distintos representantes legales.

Entre ellos, el abogado Jean Carlos Martínez, quien actúa en nombre de varias víctimas, planteó que el suceso debe encuadrarse como homicidio voluntario con dolo eventual, al oponerse a la postura del Ministerio Público que lo considera un hecho accidental.

“El punto en discusión no es lo ocurrido, sino cómo se clasifica legalmente”, sostuvo el jurista, al asegurar que las acciones atribuidas a los imputados corresponden al delito de homicidio voluntario previsto en el artículo 295 del Código Penal dominicano.

Previamente, el 13 de abril, el mismo tribunal conoció la presentación formal de la acusación del Ministerio Público, sustentada en un expediente de 156 páginas que reúne evidencias testimoniales, técnicas y documentales, incluyendo conversaciones, audios y material audiovisual que revelarían advertencias previas sobre el deterioro de la estructura.