Los funcionarios deben entender que no pueden hacer lo primero que se le ocurra con los recursos que administran y que jamás deben reeditar esperpento como el pabellón del Ministerio de Educación en la Feria del Libro que costó 18 millones de pesos y el reparto alegre de 100 mil pesos a cada diputado dizque para distribuir habichuelas con dulce entre sus seguidores.

No se puede transigir frente a la conducta del despilfarro. Todo el que administra fondos públicos debe hacerlo con eficiencia y pulcritud, para obtener el máximo provecho del último centavo.

Es saludable que Carlos Amarante Baret haya dicho que está abierto a las críticas que formulan a su proyecto de la Feria del Libro, pero ello no satisface ya que no mostró arrepentimiento.

En momentos en que se prioriza la inversión en educación y cuando se proclama que el Estado carece de recursos para atender las demandas que formulan distintos sectores, ese gasto y el de la Cámara de Diputados, que preside Abel Martínez, equivalente a 14 millones de pesos.

Ambos funcionarios, Amarante Baret y Abel Martínez, deben pedir perdón al pueblo y comprometerse públicamente a no repetir lo que hicieron y acabar de una vez por toda con el gasto superfluo.

Lo malo es que esto ocurre luego que el presidente Danilo Medina designara en distintas instituciones públicas comisiones de veedores, integradas por ciudadanos de prestigio, para para vigilar el proceso de las compras.
Mientras se botan 32 millones de pesos en las boticas populares ahora mismo no hay Lisinopril 10, un medicamento que usan los hipertensos, que por cierto no se regala, sino que se vende.