La administración financiera aconseja que el rendimiento o tasa de interés esperada sobre inversiones a realizarse debe procurar su diversificación, mediante inversiones de cartera, la que debe estar compuesta por varios instrumentos financieros que garanticen una menor posibilidad de que el inversionista pierda con facilidad lo invertido, ya que regularmente el que invierte siempre tiene aversión al riesgo.

Los mercados financieros de la República Dominicana de: dinero, divisas y capitales, presentan poco desarrollo ante países de la región que han podido avanzar en este orden de forma significativa. Tanto es así, que el país tiene aún un mercado de capitales incipiente donde a penas se transan: papeles comerciales, certificados financieros, bonos corporativos, y acciones de rentas fijas.

Conociendo esta realidad y a raíz de que los fondos de pensiones de los trabajadores del país, después de haberse aprobado la Ley No. 87-01, sobre Seguridad Social, hayan alcanzado en la actualidad entre intereses y principal el importe de más de RD$130,000.0 millones.

Parte de este monto, ha sido el resultado de inversiones realizadas dentro del régimen de capitalización que se aplica a los ahorros de los trabajadores, para fines de pensión que implica el que los mismos se inviertan en instrumentos financieros en el país.

Pero estas inversiones, solo se han limitado a las fuentes de inversiones que solo ofrece el mercado financiero dominicano, muy especialmente el mercado de dinero o intermediarios financieros y en deuda del gobierno.

Movido por la limitación de fuentes de inversión en el país para colocar estos fondos e interesado el gobierno en hacer uso más directo de los mismos, debido a sus recurrentes déficits fiscales, que le han caracterizado, este elaboró un Proyecto Ley para el Desarrollo Inmobiliario y Fideicomiso.

En principios, hubo muchas críticas sobre las pretensiones que tenia el Gobierno de adquirir parte de estos fondos, a través de instrumentos de deuda a largo plazo (bonos), lo que obligó a que éste le diera un giro al referido Proyecto de Ley.

Recientemente, el Congreso Nacional aprobó este Proyecto de Ley con modificaciones que podrían poner en peligro dichos fondos, por lo que fue observado por el Presidente de la República, curándose en salud, al hacer precisiones relativas al proceso de solicitud que deben agotar ante la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión, los emisores interesados en que sus valores sean considerados como objeto de inversión por parte de las administradoras de Fondos de Pensiones.

Esto así, para evitar que estos fondos corran un alto riesgo para el país y el sistema previsional. Estas observaciones destacan el necesario mecanismo de solicitud de aprobación individual por parte de los fondos de pensiones, para adquirir cuotas de fondos mutuos o abiertos,

Así como los valores de oferta pública, originados por operaciones de fideicomisos (acto que permite transferir voluntariamente y durante un tiempo determinado, la propiedad de un activo para que sea administrado por un tercero) previamente autorizados.

Sean estos emitidos por el fiduciario con cargo al patrimonio fideicomitido (Patrimonio separado que administran los fiduciarios) o por terceros con la garantía de patrimonios fideicomitido, ante la Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión.

Conforme las observaciones Gubernamentales, de no incluirse las mismas a la presente Ley, se aprobarían automáticamente de forma genérica, por tipo de instrumento y no por emisión, lo cual fue una de las causas que originó la crisis financiera-hipotecaria de los Estados Unidos, por no contemplar la necesaria supervisión y la prudencia que amerita el manejo de los procesos de aprobación de emisión de valores de calidad, que puedan garantizar el retorno de la inversión.

Ante estas observaciones, se advierte a un gobernante, que al no buscar la reelección presidencial, procura presentarse como el gran garante del uso de estos fondos, ya que no solo piensa en la seguridad de éstos, sino que mira hacia su futuro político, al evitar convertirse en cómplice de la pérdida de los mismos, como ha ocurrido en otros países, que estos recursos han financiado viviendas que posteriormente no han sido cobradas o las inversiones no retornadas.