Desde que el gobernador militar George Davis decretó en julio de 1899 la celebración de las primeras elecciones generales en toda la isla luego del cambio de soberanía, han sido muy pocos los partidos políticos que han contado con tan favorable panorama para ganar unas elecciones como el PPD en la hora actual.

No cabe duda de que, al menos en teoría, las condiciones están ahí para que se desate una virazón electoral de proporciones mayores contra la Administración Fortuño. Con una economía que entra en su quinto año de recesión, que arrastra desesperadamente una raquítica tasa de participación laboral del 42% y un desempleo que sobrepasa el 16% -lo que ha precipitado el estallido de una aterradora ola de violencia social en toda la isla- parecería lógico concluir que ante tan desoladora coyuntura un cambio de gobierno es no sólo inminente sino imparable.

Y si a eso le añadimos el sentimiento palpable de traición, decepción y coraje que se percibe a flor de piel en la calle contra este gobierno parecería que para el PPD es simplemente cuestión de tiempo. De sentarse a esperar que llegue el 2 de enero de 2013 para regresar al poder.

Nada más lejos de la realidad.

Si el PPD verdaderamente quiere ganar las próximas elecciones va a tener que sacudirse de una vez y por todas de los lastres que hoy lo tienen sumido como en un trance de hipnosis. En primer lugar, ningún partido que seriamente aspire a conducir el destino del pueblo de Puerto Rico puede estar ni condicionando ni posponiendo sus decisiones internas y su compromiso con el cumplimiento de su propio reglamento a si en Washington publican o no el informe del grupo de trabajo de Casa Blanca o si aquí se da o no el plebiscito criollo. Las decisiones se toman y punto. Y el reglamento está ahí precisamente para cumplirse.

No puede inspirar confianza un partido cuya presidencia actual ya expiró y no cuenta con legitimidad ni estatutaria ni reglamentaria para continuar en su posición. Más aún, el silencio de la propia Junta de Gobierno sobre un tema tan apremiante como éste es no sólo inaceptable sino improcedente. (Artículo 122 del Reglamento PPD).

En segundo lugar, difícilmente podrá prevalecer en las próximas elecciones un partido político que no le ofrece al País una homogeneidad programática en el tema más relevante de nuestros tiempos: el desarrollo económico y la creación de empleos.

¿Cómo es posible que la delegación legislativa del PPD no lograra ponerse de acuerdo sobre cómo votar el proyecto de la reforma contributiva? ¿Cómo piensan gobernar? ¿Divididos? ¿Cuál es la posición institucional de la colectividad sobre ése y otros temas económicos? ¿Qué pasa con la Junta de Gobierno que no fija la línea del partido? En tercer lugar, ¿dónde está el tan esperado informe de la comisión de status que se nombró hace meses para atemperar las posiciones ideológicas encontradas en el seno de la Pava? ¿Por qué tanta espera?

El pueblo popular tiene derecho a escudriñar ese informe ya.

Bien harían los actuales directivos del PPD en redescubrir y hacer valer las siguientes palabras pronunciadas por Muñoz un 5 de noviembre de 1942: “El Partido Popular Democrático, como todo partido político, consiste de dos grandes sectores, que son el pueblo y la organización del partido. Al decir que sólo el Partido Popular podría vencer al Partido Popular, es evidente que no se quiere significar que el pueblo popular democrático vaya a vencer al pueblo popular democrático. Lo que podría ocurrir es que la organización del partido, si sus hombres no se mantienen dentro del más estricto sentido de su responsabilidad ante el problema de todo nuestro pueblo, poniéndolo por encima de todo problema más pequeño ... lo posible, si así no nos comportamos, que fuera la organización del Partido Popular la que provocara la derrota del pueblo popular”.