Santo Domingo, RD.- Tras el fallido intento de lograr aceptacion a una nueva modalidad de privatizacion de servicios y empresas publicas, puesta sobre el tapete por via de las declaraciones del abogado Sigmund Freund Mena, director general de la Alianza Público Privada (APP), quien planteara la posibilidad de privatizar el sistema de transporte publico, entidades de salud y servicios de agua potable, ante el rechazo el presidente Luis Abinader se apresuró a sacar del debate nacional el tema de posible privatización de servicios, una cuestión que crea escozor en la sociedad dominicana y que había ganado terreno en la última semana.

“Quiero ser categórico en aclarar que no existe ningún plan de privatizar el INCART ni el Metro de Santo Domingo. Hemos sido transparentes con todas las iniciativas que desde el Gobierno promovemos, las cuales tienen como único propósito el bienestar del país y su gente”, declaró el mandatario en la ciudad de La Vega, donde estuvo con motivo del día de Nuestra Señora de Las Mercedes.

Calificó de “locura”, el supuesto plan de privatización del Instituto Nacional del Cáncer y del sistema de transporte público que integran la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Metro de Santo Domingo y el Teleférico de la zona oriental, desmintiendo que se esté en esos planes.

El tema estalló a raíz de unas declaraciones del abogado Sigmund Freund Mena, director general de la Alianza Público Privada (APP), que luego el propio funcionario dijo que hablaba en sentido hipotético.

Terror a privatización

Las alarmas de la sociedad dominicana se encienden ante la idea de privatización de servicios, ahora bajo la sigla Alianza de Público Privada (APP), plan que ha puesto en marcha el Estado desde la asunción del presidente Luis Abinader.

El 2 de septiembre, el presidente Abinader encabezó un acto en el Palacio Nacional para firmar el reglamento de la Ley de Alianza Público Privada (APP) y con ese y otros hechos dejó clara la importancia que tiene esa estrategia en su Gobierno.

La APP para la opinión pública es uno de los aspectos que más ruidos e incertidumbre han generado en lo que va de la gestión de Abinader, probablemente por lo sensible del tema, pues a los dominicanos la palabra privatización desde el Estado les causa terror.

Posterior a ese acto, el director de la APP, Sigmund Freund Mena, avivó más el tema cuando declaró que se contemplaba la posibilidad de arrimar capital privado a servicios como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Otra situación que impactó fue la exposición de la diputada de la Fuerza del Pueblo (FP), la artista Ycelmary Brito O’Neal (Juliana), en contra de un supuesto intento de privatizar Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares (Incart).

Tras la denuncia de la diputada, Freund Mena explicó que el Gobierno no tiene en agenda privatizar el servicio de transporte público.

“Yo comenté que la propia ley establece la posibilidad de que esa empresa pública pudiese ser también de capital mixto. Entonces, a la pregunta que me hicieron en el programa de televisión sobre que eso podría ser una alianza público-privada, yo respondí que podría considerarse en virtud de los nuevos proyectos de movilidad urbana que el presidente ha anunciado, como por ejemplo el caso del monorriel”, se defendió.

El funcionario ha expresado que el modelo de APP será determinante para relanzar la economía ante la falta de capital del Estado para impulsar proyectos de manera particular.

Las redes sociales se han volcado en cuestionamiento al enfoque de APP que tendría el Gobierno de Abinader. Probablemente por experiencias pasadas, se recuerda que en el 1997 el termino privatización afloró bajo la denominación de capitalización de las empresas públicas.

Entre las empresas en las que el sector privado pasó a formar parte figuran las de electricidad con la promesa de acabar con los apagones, pero nada de eso se ha cumplido. Luego las empresas distribuidoras de electricidad volvieron al control del sector público.

Abogados advierten al Estado

El concepto de la APP tiene como marco legal una iniciativa que fue promulgada en febrero del 2020 por el presidente Danilo Medina. El Gobierno de Abinader puso en marcha la Dirección General de la APP y el reglamento de aplicación de la Ley.

 Los abogados Nathanael Concepción y Manuel Fermín Cabral coincidieron en la importancia de las alianzas para el país, pero que es necesario que las legislaciones vigentes necesitan ser modificada para que se puedan cumplir los objetivos.

Concepción sostuvo que el enfoque para impulsar proyectos de inversión alianza público-privada es correcto, pero que la legislación necesita modificaciones para que afine con los estándares internacionales, porque la visión es muy restrictiva.

“Esa perspectiva plasmada en la ley entra en contraste con la visión más liberal que ha adoptado el actual gobierno. Por consiguiente, para lograr sus objetivos, el gobierno debería adecuar la ley a esa nueva visión ya que, de lo contrario, tendrá muchas complicaciones en la aplicación de la ley de APP”, dijo.

Indicó que entre los artículos que deben ser revisados figuran el 37 y 38 de la Ley 47/20. “Se debe procurar establecer un incentivo a los que presentan iniciativas privada ya que esta fase conlleva costos y estudios y se debe asignar incentivos a quienes presentan proyectos y posibilitar la presentación de propuestas”, explicó.

También, añadió que ni la Ley ni el reglamento son claros sobre los procesos de licitación, porque no establecen mecanismos claros de cómo se llevan a cabo.

“Esto podría genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y por eso se requiere una norma especial que especifique de manera detallada ese procedimiento”, argumentó.

De igual forma, el abogado Fermín Cabral reconoció la importancia de las APP para el desarrollo de proyectos de bienestar social, pero observó que tanto la ley como el reglamento necesitan adecuarse sobre aspectos esenciales. “Se debe revisar la arriesgada apuesta de suprimir por completo una regulación individualizada de la concesión administrativa”, sostuvo.

Además, consideró que también es necesario revisar la redefinición y delimitación de los roles y competencias de los entes administrativos, especialmente de las entidades contratantes y de los entes locales. “Se debe revisar el régimen sancionador del régimen de operación de los perjuicios generados por la actividad estatal defectuosa”.