Santo Domingo RD.- Los abogados que integran el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público valoraron este martes la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de ordenar la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano en el caso de corrupción administrativa por el que fueron condenados el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, y otros altos oficiales militares.

José Alberto Ortiz, integrante del equipo, afirmó que el fallo no solo establece una compensación económica sin precedentes, sino que también reconoce los daños causados a las instituciones públicas por las acciones atribuidas a los condenados.

"Es la indemnización más alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública, una indemnización de 5,000 millones de pesos y el reconocimiento del Estado dominicano como víctima de hechos cometidos por funcionarios", expresó Ortiz al salir de la sala de audiencias la madrugada de este martes.

El abogado sostuvo que las juezas acogieron los argumentos presentados por el Ministerio Público y por la representación civil del Estado, especialmente los relacionados con los daños ocasionados por las acciones atribuidas a los integrantes de la estructura de corrupción.

"Saludamos la decisión del tribunal. Realmente ha sido un gran esfuerzo de las juezas. Acogieron la teoría del Ministerio Público tal y como se presentó, pero sobre todo acogieron la Constitución en actor civil, acogieron la profundidad con la cual le sometimos los daños y sobre todo acogieron el tema del daño moral", manifestó.

Ortiz explicó que el tribunal reconoció distintos perjuicios ocasionados al Estado, entre ellos el daño reputacional derivado de los hechos juzgados.

"Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional; reconocieron el daño que sufrió la institución del presidente de la República y el que sufrió el turismo dominicano a través de la Policía Turística", indicó.

Asimismo, señaló que los recursos ordenados por el tribunal deberán retornar al patrimonio público.

Al ser cuestionado sobre el mensaje que envía la sentencia a la sociedad, Ortiz consideró que la decisión judicial constituye una señal de rechazo a la corrupción y a la impunidad.

"Le manda un mensaje al país de que la corrupción no va a ser tolerada, la impunidad tampoco, y poco importa la posición que usted ocupe. Aunque usted sea un militar de alto rango, va a enfrentar consecuencias si incumple el mandato que la ley le da", sostuvo.

El equipo de recuperación del Patrimonio Público estuvo integrado por José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Rivas y Alberto Camacho.

Los condenados 

Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron a:

• Adán Cáceres Silvestre, mayor general, a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
• Juan Carlos Torres Robiou, general, a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
• Rafael Núñez de Aza, coronel de la Policía Nacional, a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
• Julio Camilo de los Santos Viola, general de la Fuerza Aérea, a 15 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
• Rossy Guzmán, pastora, a 15 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos.
• Esmeralda Ortega Polanco, a 10 años de prisión y 400 salarios mínimos.
• José Manuel Rosario Pirón, a 10 años de prisión y 200 salarios mínimos.
• Boanerges Reyes Batista, a 10 años de prisión y 200 salarios mínimos.
• Franklin Antonio Mata Flores, a 10 años de prisión y 200 salarios mínimos.
• Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, a 10 años de prisión y 200 salarios mínimos.
• Erasmo Roger Pérez Núñez, a 10 años de prisión y 200 salarios mínimos.
• Kelman Santana Martínez, a 10 años de prisión y 300 salarios mínimos.

Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con el Ministerio Público durante el proceso, fue condenado a cinco años de prisión ya cumplidos.

También fueron impuestas penas suspendidas:

• Pedro Roberto Castillo Nolasco, tres años de prisión 
• Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, cinco años de prisión
• Alejandro José Montero Cruz, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
• Epifanio Peña Lebrón, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos 
• Lucía de los Santos Viola, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos 
• Raymel Pastor del Rosario Viola, tres años de prisión y 100 salarios mínimos 
• Onoris Beatriz Soto de los Santos, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos
• Manuel de Jesus Alba Solano, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
• Elida María Trinidad Santiago, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
• Carlos Lantigua, tres años de prisión suspendida y 500 mil pesos

De acuerdo con el expediente acusatorio, la estructura operó entre 2012 y 2020 utilizando recursos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras dependencias estatales para desviar fondos públicos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.