Santo Domingo RD.- En una sentencia calificada como "histórica", el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha revelado los detalles de un sofisticado esquema de corrupción que operó entre 2012 y 2020 en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

El fallo condena a 20 años de prisión a los cabecillas de la red: el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, ordenando además la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano.

El cerebro del desfalco: Nóminas y salarios "fantasma"-

El tribunal determinó que el esquema se basaba en la sustracción sistemática de fondos de las nóminas de ambas instituciones militares.

La red reclutaba a policías y militares a quienes se les asignaban salarios de entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales. Sin embargo, estos efectivos no desempeñaban funciones reales o estaban asignados a otros lugares; su única misión era devolver la totalidad o la gran parte del dinero a los denominados "cabezas recolectoras".

Posteriormente, estos fondos eran entregados a Rafael Núñez de Aza, entonces gerente financiero del Cusep, mediante depósitos, transferencias o efectivo.

Solo en el Cusep se colectaban mensualmente entre 1.7 y 1.9 millones de pesos, mientras que en Cestur la cifra rondaba los 1.2 millones.

Desvío de recursos operativos y expansión-

La red no se limitó a las nóminas. El tribunal determinó que el entramado también desviaba fondos destinados a áreas críticas para la seguridad nacional, tales como:

• Inteligencia
• Combustibles
• Alimentación

Además, las investigaciones y las pruebas aportadas demostraron que la estructura criminal intentó trasladar este mismo modelo de operación al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), extendiendo sus tentáculos más allá de las instituciones militares.

-Lavado de activos y enriquecimiento ilícito-

Para ocultar el origen del dinero sustraído, el grupo utilizó una red de personas físicas y jurídicas.

El tribunal estableció que, con los fondos distraídos, los miembros del entramado adquirieron bienes e incrementaron su patrimonio de forma injustificada.

El coronel Rafael Núñez de Aza fue identificado como una pieza clave en este aspecto, siendo condenado por lavado de activos agravado y soborno, además de asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

La sentencia destaca la desproporción objetiva entre los ingresos lícitos de Adán Cáceres y su patrimonio acumulado.

Con un salario de 245,000 pesos, Cáceres llegó a pagar cuotas de préstamos que ascendían a 512,325 pesos mensuales en 2017.

Para lavar estos fondos, Cáceres utilizó la Asociación Campesina Madre Tierra, una organización sin fines de lucro empleada para mezclar recursos ilícitos con actividades agrícolas legítimas.

Además, utilizó empresas como CCNA Universo Empresarial para adquirir inmuebles y vehículos sin tener una actividad económica que lo justificara.

Torres Robiou: El uso de empresas de carpeta y activos ocultos-

En el caso del exjefe del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, las juezas concluyeron que incurrió en lavado de activos al movilizar alrededor de 65 millones de pesos bancarios, a pesar de que sus ingresos oficiales entre 2017 y 2021 sumaban apenas 3.7 millones.

Torres Robiou utilizó a la empresa Único Real Estate como vehículo para ocultar la compra de un apartamento en el proyecto Balcones del Atlántico, pagando una parte con un cheque de administración de 13 millones de pesos obtenido con dinero en efectivo para dificultar su trazabilidad.

Asimismo, se valió de la entidad RF Agroindustrial SRL, una estructura societaria sin actividad económica real, para ocultar bienes vinculados a la corrupción.

-Un fallo contra la impunidad-

Además de las penas de 20 años, el tribunal impuso 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán.

En total, 29 personas físicas y jurídicas fueron condenadas, incluyendo penas suspendidas para colaboradores que admitieron su participación.

La justicia ordenó a los condenados la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano, además del pago de multas que ascienden a cientos de salarios mínimos.

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como "histórica" y una victoria contra la impunidad, destacando que se logró condenar a 29 personas que formaban parte de la estructura.