Jueza Altagracia Ramírez también rechazó la constitución en actor civil presentada por abogados que representaban al Estado dominicano.
Pruebas del Ministerio Público resultan insuficientes y Jueza deja fuera de la cena de Calamar a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Rosa Arias y Marcial Reyes
Santo Domingo RD.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó este viernes auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Rosa Arias y Marcial Reyes, al considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no son suficientes para sustentar una apertura a juicio en su contra dentro del denominado caso Calamar.
La decisión fue dada a conocer durante la lectura del fallo de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evaluó la acusación presentada por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción administrativa y estafa contra el Estado.
Según explicó la magistrada, la valoración de las evidencias presentadas durante esta fase del proceso no permitió establecer elementos probatorios suficientes que justificaran el envío de estos imputados a un juicio de fondo.
Tribunal rechaza constitución en actor civil
Durante la lectura de la resolución, Ramírez también rechazó la constitución en actor civil presentada por abogados que representaban al Estado dominicano.
La jueza entendió que dicha acción no cumplía con los requisitos legales exigidos para ser admitida dentro del proceso judicial.
Qué implica el auto de no ha lugar
El auto de no ha lugar supone que los beneficiados con esta decisión quedan excluidos de una eventual etapa de juicio por los hechos contenidos en la acusación presentada por el órgano persecutor.
No obstante, la decisión forma parte de la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción sobre el caso Calamar, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor alcance conocidos en los últimos años en República Dominicana.
La lectura íntegra de la decisión continuó este viernes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el tribunal expuso los fundamentos jurídicos que sustentan su fallo.

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