BRASILIA. Los magistrados del Tribunal Constitucional dominicano (TCRD) Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente, y Army Ferreira participaron en la XVI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se llevó a cabo en Brasil y reunió a representantes de salas, cortes y tribunales constitucionales para abordar temas relacionados con la independencia judicial, la justicia climática y las nuevas tecnologías.

En el marco del congreso, los magistrados participaron en el Primer Encuentro de Centros de Estudios Constitucionales, donde el magistrado Estévez Lavandier explicó a los presentes la composición del poder jurisdiccional del Estado. Asimismo, destacó que el Tribunal Constitucional dominicano es una corte joven que, desde su fundación, ha mantenido su autonomía administrativa y financiera.

De igual manera, resaltó la labor del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de esta alta corte, instaurado desde su creación, y expresó la disposición de compartir sus experiencias y buenas prácticas institucionales.

Asimismo, en la misma reunión, la magistrada Ferreira intervino en el panel sobre «La enseñanza del derecho constitucional en Iberoamérica», destacando que el CEC es el órgano que sirve de apoyo para la ejecución de la función pedagógica que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica del TC.

Expresó que entre las principales actividades desarrolladas por el CEC durante el período 2012-2026 están las de elaborar, promover, fomentar y publicar proyectos de estudios e investigaciones jurídicas; crear, gestionar y desarrollar un centro de documentación especializado en derecho constitucional, teoría del Estado, función jurisdiccional y otras materias ligadas al derecho público.

Entre los logros obtenidos durante ese período, mencionó la elaboración y actualización constante de un software sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sistematizado de forma apropiada, para permitir una eficiente difusión de las decisiones del Tribunal Constitucional.

Asimismo, la magistrada Ferreira informó que los programas realizados por el CEC han impactado a 132,698 personas en todo el territorio dominicano. Las actividades se han llevado a cabo en todas las provincias del país.

De igual modo, la jueza constitucional resaltó que este órgano de investigación, académico y técnico del TC es un modelo para Latinoamérica ya que su labor no solo se ha concentrado en la comunidad jurídica, sino que ha desarrollado programas y productos editoriales para enseñar la Constitución y los valores democráticos a los niños, niñas y adolescentes.

Independencia judicial y recursos de defensa constitucional

Durante el desarrollo de la XVI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, la magistrada Ferreira también dictó una ponencia en la sesión titulada «Independencia judicial y recursos de defensa constitucional», en la que afirmó que la independencia judicial es indispensable para la protección de los derechos fundamentales.

«Sin independencia judicial no hay control del poder; sin control del poder no hay derechos efectivos, y sin efectividad de los derechos fundamentales, la Constitución deja de ser una norma viva para convertirse en una promesa de imposible cumplimiento», expresó.

Expresó que la independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un derecho del justiciable y que la fortaleza del Estado no depende únicamente de la existencia de normas o de recursos procesales, sino de la posibilidad de los jueces de ejercer su función con libertad, responsabilidad y compromiso con la Constitución.

En ese sentido, la magistrada Ferreira resaltó la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano TC/0225/20, que precisa que «la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional significa, a su vez, que el juez, como árbitro de un proceso, debe encontrarse exento de influencias, intervenciones e injerencias, sin distinción de su procedencia».

La magistrada Ferreira hizo referencia a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que estableció que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial constituye una garantía fundamental del debido proceso.

En su exposición, la jueza constitucional afirmó que la independencia judicial enfrenta desafíos cada vez más complejos, citando entre ellos campañas mediáticas, exposición pública, cuestionamientos sistemáticos a la legitimidad de las decisiones judiciales y uso estratégico de procedimientos disciplinarios o sugerencias de juicios políticos contra los jueces. Además, se refirió al impacto de la tecnología y, en particular, de la inteligencia artificial, en la función jurisdiccional, que plantean interrogantes sobre la autonomía decisional del juez.

Sobre los recursos de defensa constitucional, la magistrada Ferreira explicó que en la República Dominicana existen acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data y mecanismos de control de constitucionalidad, los cuales «no son simples instrumentos procesales, sino que se constituyen en expresiones concretas del principio de supremacía constitucional y del derecho a la tutela judicial efectiva».

La delegación dominicana estuvo integrada además por la directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del TC, Heidy Berroa. Este congreso internacional reúne a presidentes y magistrados de tribunales constitucionales y supremos de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Guinea Ecuatorial, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Albania, Angola, Cabo Verde y Egipto; así como a representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Venecia, de la Conferencia de Jurisdicciones Constitucionales Africanas, de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.