La comunicadora es acusada de presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Jueza declara en rebeldía a Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”
Santo Domingo RD.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, acusada de presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La información fue ofrecida por el abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, quien explicó que el tribunal también emitió una orden de conducencia contra Jorge, tras su inasistencia a la audiencia pautada para el conocimiento del juicio preliminar.
“Se le puso una rebeldía a la señora Ingrid Jorge y el día 1 de julio se va a ejecutar el contrato de fianza. Nosotros dijimos que siempre hemos estado abiertos a una solución alterna al conflicto, pero ante la no presencia de ella en tres audiencias, el juez declaró la rebeldía”, manifestó Valerio.
Cabe destacar que, de acuerdo con el Ministerio Público, la señora Jorge Pérez incurrió en difamación e injurias públicas de manera sistemática a través de los medios electrónicos con el claro objetivo de desacreditar públicamente y afectar la honra personal y familiar de Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía.
Entre los hechos que habría cometido Jorge también se cita en la solicitud de medida de coerción que, a través de un programa matutino, el cual fue subido a la red social de Instagram, la imputada, sin ningún sustento probatorio, atribuyó a Raful una complicidad con delitos serios.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público obtuvo diferentes evidencias con las que confirmó la denuncia del caso al cual otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la difamación e injuria pública por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales.
Entre las evidencias se encuentran un informe técnico pericial y un análisis de informe de vídeo.
Los hechos también recibieron la calificación jurídica de violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano que definen la difamación o injuria pública.

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