Feminicidios pasan de 27 a 47 casos en un año
Jueza de la Suprema Corte de Justicia destaca el papel de los tribunales frente al aumento de los feminicidios y la violencia de género
Santo Domingo RD.- La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández, manifestó su preocupación por el incremento de los feminicidios y los casos de violencia de género en República Dominicana y la región, al tiempo que reafirmó el compromiso de la justicia de ofrecer respuestas efectivas a las víctimas dentro del marco del Estado de derecho y las garantías constitucionales.
Durante su participación en el panel “La Paridad de Género en las Altas Cortes: Retos e impacto sustantivo en la administración de Justicia”, celebrado en el marco del Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, la magistrada Salcedo sostuvo que la perspectiva de género constituye una herramienta fundamental para identificar y corregir desigualdades históricas y estereotipos que afectan el acceso a la justicia de las mujeres.
No obstante, enfatizó que su aplicación debe realizarse con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso, de manera que contribuya al fortalecimiento de la justicia y a la protección efectiva de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso judicial.
“La creciente incidencia de los feminicidios nos obliga a reflexionar sobre el rol de la justicia y sobre la necesidad de seguir fortaleciendo mecanismos que permitan una respuesta oportuna, sensible y efectiva frente a la violencia de género, siempre dentro del marco de las garantías constitucionales”, expresó.
La magistrada explicó que la perspectiva de género no constituye una ventaja procesal para una de las partes, sino una metodología que permite a los jueces comprender contextos de vulnerabilidad y discriminación, contribuyendo a decisiones más justas y libres de prejuicios.
En ese sentido, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios claros para la valoración de las pruebas en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, garantizando que las decisiones judiciales se fundamenten en evidencias válidas y suficientes, sin menoscabo del derecho de defensa ni de la presunción de inocencia.
Salcedo Fernández citó la sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01308 de la Segunda Sala de la SCJ, la cual dispone que cuando el testimonio de la víctima constituye el elemento central de la acusación, este debe ser evaluado conforme a parámetros objetivos, que incluyen la ausencia de incredulidad subjetiva, la persistencia incriminatoria y la corroboración periférica.
“La perspectiva de género, correctamente aplicada, fortalece la administración de justicia, porque permite proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin renunciar a los principios esenciales que sustentan un juicio justo y una decisión debidamente fundamentada”, afirmó.
Durante su intervención, la jueza también resaltó los avances alcanzados por el Poder Judicial dominicano en materia de igualdad de género, destacando que este enfoque ha sido incorporado de manera transversal en áreas como planificación institucional, presupuesto, formación, gestión del talento humano, producción estadística, comunicación y prestación de servicios judiciales.
A su juicio, estos esfuerzos reflejan una visión institucional que reconoce la responsabilidad compartida de todas las áreas del sistema de justicia en la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y libre de discriminación.
El encuentro reunió a juezas y jueces de altas cortes de República Dominicana y otros países de Latinoamérica y el Caribe, así como representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y miembros de la comunidad jurídica regional.
Feminicidios pasan de 27 a 47 casos en un año
La Fundación Vida sin Violencia reveló que en los primeros seis meses del año ha registrado 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, un incremento del 74% en comparación con el mismo período de 2025, cuando documentó 27 casos, por lo que llamó a las autoridades a fortalecer las políticas de prevención, protección y atención integral a las víctimas y sus familias.
Al exponer las cifras en un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, indicó que las 47 víctimas han dejado 68 niños, niñas y adolescentes en la orfandad, además de familias marcadas por el dolor y una sociedad preocupada por el incremento de la violencia machista.
Detalló que 38 de los feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, convirtiendo el hogar, que debería ser un espacio seguro, en el principal escenario de estos crímenes, 33 de las mujeres asesinadas tenían menos de 35 años, mientras que 13 estaban embarazadas al momento de ser ultimadas. Otras 13 eran de nacionalidad haitiana.
Ante la distribución geográfica de los casos, explicó que la provincia Santo Domingo encabeza la lista con 13 feminicidios, seguida del Distrito Nacional con siete y La Altagracia con cinco y respecto a los métodos utilizados por los agresores, indicó que 19 emplearon armas de fuego, cuyo estatus legal dijo desconocer, otros 19 utilizaron armas blancas y 11 se suicidaron tras cometer el crimen.
Ante este panorama, la entidad presentó varias propuestas dirigidas a las autoridades, entre ellas crear mecanismos eficaces para proteger a las mujeres que denuncian violencia, incorporar en el currículo escolar contenidos sobre derechos, igualdad, valores y resolución pacífica de conflictos, y actualizar la Ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar.
También propuso fortalecer las unidades de atención a sobrevivientes de violencia y los centros de intervención conductual para hombres, crear un registro nacional de huérfanos por feminicidios con programas de apoyo psicológico, económico y legal, así como conformar una mesa nacional de prevención integrada por instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para evaluar periódicamente las acciones implementadas.
Reiteró que uno de los principales desafíos es la actualización del marco legal sobre violencia de género e intrafamiliar, al considerar que la legislación vigente, la Ley 24-97, requiere adecuarse a las necesidades actuales para hacer más efectiva la prevención de las víctimas

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