Santo Domingo RD .- El ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está siendo imputado de haber emitido de manera “ilegal” un cheque por 34 millones de pesos desde la cuenta de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y financimiento del Terrorismo.

En la solicitud de allanamiento que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) hizo al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se afirma que Jean Alain Rodríguez Sánchez se coalicionó junto a los funcionarios de la Procuraduría, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes, director de la Unidad de custodia y administración de bienes incautados del Ministerio Público, para emitir de manera ilegal un cheque por valor de RD$34,522,364.30.

El cheque, fechado el 13 de agosto de 2020, figura a favor de Fie Control Systems, SRL, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurrido por la referida empresa en la remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista.

Refiere que para la emisión del cheque “incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, supresión y suplantación del contrato original de acuerdo de custodia y ocupación de bien inmueble, de fecha 31 de octubre de 2019".

¿Quiénes son los seis detenidos acusados junto Jean Alain de estafar al Estado?

Miguel José Moya, exasesor de Jean Alain; Rafael Stefano Cano Sacco y Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información.
 
Miguel José Moya, exasesor de comunicación estratégica del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, encabeza el grupo de seis colaboradores del exfuncionario que están detenidos acusados de estafar al Estado, robo y de lavado de activos.

En este año, Moya fue interrogado en varias ocasiones por el alegado incumplimiento de un contrato por RD$20 millones por servicios especializados prestados durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

El contrato investigado establece que el exasesor habría recibido los 20 millones de pesos para impartir cursos, talleres y seminarios individuales, además colectivos a colaboradores de la Procuraduría General de la República.

Red de corrupción en la Procuraduría recogía dinero en efectivo y lo llevaba en bultos

La Pepca menciona a otros exempleados de la Procuraduría, los que, según afirma, influían en los procesos de licitación

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa que el exdirector técnico de la Procuraduría General de la República, Rafael Canó Sacco. y al exdirector general administrativo, Jonnathan Rodríguez Imbert, de sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

“Canó Sacco, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez , EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana, configurándose una estafa agravada, según el interrogatorio a la ciudadana Rainery Elizabeth Medina Sánchez en el cual esta afirmó al Ministerio Público que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50,000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos siempre querían algo diferente”, dice la solicitud de allanamiento y arresto que la PEPCA hizo al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público dice que Rafaael Canó y Rodríguez Imbert tenían incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, teniendo la función el señor Rafael Mercedes Marte, quien era encargado del Departamento de Contabilidad, de calcular y recoger cantidades de dinero en efectivo, que eran llevados en bultos a su oficina y luego entregados al director general Administrativo de la Procuraduría.

“Estas situaciones se presentaban en procesos como los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas”, refiere el documento.

Dice que a Alfredo Solano y Jonnathan Medina les tocó lo referente a los pozos sépticos de ese proyecto; mientras que a Amelia Escaño, encargada del departamento de Compras y Contrataciones, recibió los beneficios del equipo médico; Jenny Marte, encargada de proyectos del Plan, obtuvo beneficios por la parte de la construcción.

También se obtuvo beneficios por la instalación de camas y la alimentación de los privados de libertad. Para esto último, dice el documento que se “conformaron grupos que tenían las indicaciones de quiénes no podían ganar las licitaciones”.