EUROPA.- China espera que la visita a la región de Xinjiang de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sirva para "aclarar la información errónea", en referencia a las acusaciones de abusos contra minorías de la zona, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, Wang Yi.

Bachelet y Wang mantuvieron un encuentro este lunes en la ciudad suroriental de Cantón, tras la llegada de la emisaria para la primera visita en 17 años de un alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Wang, también consejero de Estado, señaló que "para avanzar en la causa internacional de los Derechos Humanos, primero debemos respetarnos unos a otros y abstenernos de politizar los derechos humanos”, en una advertencia a los países extranjeros -principalmente, occidentales- que, según Pekín, buscan "interferir" en lo que el Gobierno considera "asuntos internos de China".

Exteriores afirma que Bachelet "habló positivamente" de las "contribuciones" de China en varias "áreas relacionadas con el desarrollo de los Derechos Humanos".

Asimismo, la emisaria de la ONU pidió "mejorar la confianza" entre ambas partes y "promover la causa internacional de los derechos humanos", pese a que en los últimos días varias organizaciones y gobiernos occidentales -entre ellos, el de Estados Unidos- han puesto en tela de juicio la utilidad de la visita.

El Departamento de Estado estadounidense aseguró que no espera que China dé a Bachelet "el acceso necesario" para evaluar de manera "completa y sin manipular" la situación de los derechos humanos en Xinjiang, al tiempo que acusó a la chilena de mantener un "silencio continuo" ante las "pruebas irrefutables de atrocidades" en la región noroccidental china.

En esta misma línea, la ONG Human Rights Watch mostró su temor a que Pekín utilice la visita con fines propagandísticos.

En los últimos años, Pekín se ha enfrentado a numerosas acusaciones que aseguran que ha emprendido una campaña masiva de detención y privación de libertad a cientos de miles de uigures con el argumento de frenar la expansión de ideas yihadistas en el seno de esa comunidad, compuesta por unos 13 millones de personas.

Pekín, que ha calificado en alguna ocasión las acusaciones como "la mentira del siglo", argumenta que no ha empleado campos de reeducación sino "centros de capacitación vocacional" en el marco de un programa para mejorar la economía y sociedad de la región, que ha sufrido en las últimas décadas atentados terroristas de corte yihadista.