Las relaciones entre países que comparten frontera es una de las mayores dificultades en el manejo de la política exterior de los Gobiernos, debido a que generalmente los territorios tienen realidades dispares que les plantean serias complejidades.

Es lo que ha ocurrido siempre en las relaciones de la República Dominicana con Haití, a lo cual se suma la falta de continuidad de las cuestiones acordadas en las enésimas conversaciones, acuerdos, tratos y todo lo que ha venido después.

Sin embargo, esta arritmia en el curso de nuestro trato con el vecino país no nos puede llevar a olvidar que con Haití estamos obligados a tener buenas relaciones, sí o sí, en todos los sentidos.

De ahí la importancia de que el presidente Luis Abinader entienda la realidad y se haya preocupado por entablar conversaciones directas con el actual mandatario haitiano, con quien se encontró hace unas semanas en un punto de la frontera común.

De los seis acuerdos dados a conocer por el Gobierno dominicano, me quiero concentrar, aun sea brevemente, sólo en algunos de ellos que a mí entender son los que tienen mayor gravitación negativa para nuestro país.

En primer lugar, tenemos que destacar el relativo a la presión presupuestal que ejercen las mujeres embarazadas que cruzan—en cantidad importante cada mes—a alumbrar en hospitales públicos dominicanos, impactando de manera terrible los escasos recursos que reciben esos centros de salud, especialmente los de la frontera, donde se ha calculado que alrededor del 30% se dedica a atender partos de haitianas.

Y a nivel general en el sistema de salud, la carga se estima en un 20%, pues los haitianos que viven en nuestro territorio tienen que ser atendidos porque de lo contrario se convertirían en focos importantes de enfermedades, además del aspecto humanitario.

Otro punto es el concerniente a la documentación de los ciudadanos haitianos que viven de este lado de la frontera, una iniciativa que, si bien debería ser responsabilidad exclusiva de las autoridades haitianas, sabemos que eso nunca ha sido posible, puesto que ni aun en su propio territorio se ha dotado a la población del vecino país de una identidad confiable.

Incluso, esa desidia de las autoridades haitianas nos ha generado problemas con la llamada comunidad internacional, que siempre ha estado presta a arrojar sobre nuestro país culpas que corresponden a otros por no cumplir con su deber.

Ha sido el caso de las acusaciones de que hemos creado una población apátrida por no haberla dotado de la nacionalidad dominicana con su consiguiente identidad sin que les correspondan.

Los puntos 5 y 6 también adquieren relevancia, cuando el primero hace énfasis en la necesidad de formalizar el comercio, brindando estabilidad a los exportadores dominicanos y transparentando millones de dólares de exportación irregular.

Y el 6 trata de que ambos países traten de conseguir recursos financieros en la comunidad internacional para ejecutar estos compromisos, lo cual, de antemano, podemos considerar una tarea  difícil de realizar, no por falta de esfuerzos, sino por la poca voluntad de esa comunidad.

Pero, en esencia, hacemos más de lo razonable, aun por encima de nuestras posibilidades económicas reales y en nuestro perjuicio, haciendo una realidad el credo de la madre Teresa de Calcuta, conforme el cual “debemos dar hasta que duela”.

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