No hay ninguna duda de que el Gobierno del presidente Luis Abinader se encuentra en una gravísima encrucijada con el manejo de la crisis sanitaria producto de la parte que nos ha tocado de la maldición global de COVID-19.

Es una situación que le plantea a la Administración una complejidad cuyo manejo no sería la envidia de nadie.

Por un lado, está obligado a tomar cuentas medidas sean necesarias para tratar de frenar la propagación del virus, y, al mismo tiempo, se encuentra de manera frontal con una población cuyo comportamiento deja mucho que desear.

Es una colectividad compuesta por gente que carece del más mínimo sentido de responsabilidad, lo que se expresa en la sistemática violación de las medidas que dispone el Gobierno con el propósito de impedir las aglomeraciones humanas, que son un caldo de cultivo innegable para la propagación de contagios.

Desde que asumió el pasado agosto, el Gobierno se ha enfrascado en una lucha constante por encaminar las mejores acciones que tiendan a detener el contagio, tarea en la cual no ha tenido la colaboración de una parte muy importante del conglomerado humano que habita este país.

Nótese que me refiero a conglomerado humano, no a ciudadanos, pues precisamente de lo que adolece nuestro país es del sentido de ciudadanía, la cual no es solo contar con derechos civiles y otras prerrogativas que garantizan la Constitución y las leyes, sino mucho más que eso.

Esa falta de responsabilidad ciudadana se manifiesta cuando las disposiciones oficiales son sistemáticamente vulneradas por personas que entienden no están obligadas a ajustarse a lo que determinan las circunstancias, sino que sus derechos están por encima inclusive de la prudencia.

Hay, pues, un franco deterioro del deber. En ese trance, el Gobierno ha tenido que disponer y cambiar y ajustar y avanzar y retroceder, dando la impresión de que no sabe lo que tiene entre manos.

Sin embargo, lo que en realidad sucede es que resulta punto menos que imposible lidiar con tanta gente sin la más mínima disciplina y que entiende que la República Dominicana, a lo mejor por estar situada en otro planeta, queda libre de la pandemia.

Ante tales condiciones no hay medida que pueda surtir efecto positivo. Mientras tanto, estamos en un punto de contagio que obliga a las autoridades a ser enérgicas, aunque justas, para poner a salvo a la población.

En resumen, los empresarios y comerciantes quieren que se abra la economía para producir y vender; los de abajo quieren que haya espacio para “buscar la comida diaria”, y todos queremos, y necesitamos, que se proteja la salud colectiva.

Es imposible que podamos salir a camino en la lucha contra la pandemia si tenemos que lidiar permanentemente con personas que no ocultan su comportamiento disoluto, carente de toda conducta manejable que no sea mediante la aplicación de medidas coercitivas y a veces de fuerza.

Nos hallamos ante una población que si bien está compuesta, en una mayoría importante, por individuos nacidos en las cercanías del final de la dictadura trujillista o posterior a ella, parecerían estar dotados de una mentalidad que se remonta a la imposición del garrote para lograr el cumplimiento de la ley. ¿Se puede desear un panorama peor para el Gobierno? Imposible.

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