Los empresarios se resisten a reajustar los salarios en la medida del incremento experimentado en los precios de la canasta familiar y de los bienes y servicios indispensables

Hay dos funcionarios del gobierno que me merecen mucho respeto y credibilidad, tanto por la conducta honesta y transparente que han exhibido en sus funciones públicas, como por su decencia y preparación académica: Rafael Camilo, Director General de Aduanas, y Max Puig, Ministro de Trabajo.

Esos dos funcionarios han coincidido por separado en hacer público el siguiente planteamiento: “la República Dominicana es un país de bajos salarios”.

Con esa afirmación identifican un problema de fondo de la sociedad dominicana y su modelo económico, porque se admite que el crecimiento de la economía nacional se concentra en unas pocas familias e inversionistas, y consecuentemente la baja redistribución del ingreso nacional aumenta la inequidad social y la pobreza.

Se trata de declaraciones muy serias y responsables que merecen ser tomadas en cuenta a la hora de definir las políticas económicas y sociales del Estado y del país que habrán de implementarse en el futuro.

Y es que si fuese por lo que piensa una gran parte del empresariado nacional, rentista y acostumbrado a los subsidios y privilegios gubernamentales, así como al pago de bajos salarios, los trabajadores dominicanos y los profesionales estarían condenados a devengar ingresos de miseria mientras las utilidades de sus empresas se acrecientan año tras año y sus negocios se multiplican y expanden.

La mayor prueba de ello es que los aumentos salariales, previstos incluso en la ley, siempre se llevan a cabo bajo presiones de los sindicatos, del gobierno, de la Iglesia y de los propios partidos políticos, y en una mesa de negociación donde pocas veces los trabajadores resultan favorecidos en sus aspiraciones legítimas para mejorar sus condiciones de vida.

Aún en los momentos de crisis como el actual, donde la carestía de los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, de los alimentos, de las medicinas, de la salud y la vivienda resulta cada vez más insostenible para los servidores públicos y los empleados privados, los empresarios se resisten a reajustar los salarios en la medida del incremento experimentado en los precios de la canasta familiar y de los bienes y servicios indispensables.

Pero si esa situación ocurre en el sector privado, lamentablemente por igual acontece en el sector público, con la excepción de algunos contados organismos autónomos y descentralizados, puesto que no existe una política definida de revisión salarial periódica y la mayoría de las instituciones centralizadas mantienen por años y años los mismos niveles salariales en su empleomanía.

Las estadísticas oficiales así lo indican cuando revelan que más de un 70 por ciento de los servidores públicos y trabajadores dominicanos reciben un salario mensual inferior a los 18 mil pesos mensuales, lo cuál equivale a decir 480 dólares al mes aproximadamente.

Si se toma de ejemplo el caso de la Policía Nacional, de los representantes del Ministerio Público y de los técnicos y profesionales medios del Estado dominicano, se encontrará que la inmensa mayoría de ellos perciben salarios de miseria ciertamente indignos.

Las distorsiones y las consecuencias negativas que conllevan esos estándares salariales injustos en el Estado la pagamos todos los ciudadanos, porque muchos de esos servidores públicos se ven en la obligación de buscar otras fuentes de ingreso, ya sea mediante el pluriempleo u otras actividades no siempre compatibles con sus funciones, lo que impide muchas veces el rendimiento adecuado de los mismos.

Ocurre también otra grave e irritante distorsión en la escala salarial del sector público dominicano, y es la enorme diferencia que existe entre los ingresos de los servidores públicos bajos y medios, y los de altos funcionarios de la nación.

Los paquetes salariales que perciben los directores generales, los vicecónsules, los embajadores, los viceministros, los ministros, los diputados y senadores, los superintendentes y los miembros de algunos consejos de administración, igualan y a veces superan los ingresos de esos mismos funcionarios de las naciones del primer mundo.

Esa cultura en la desproporción de los ingresos constituye un dato revelador del atraso político, institucional y social de la sociedad dominicana.

Es la vieja práctica de que el está “arriba” no le importa un comino como está el de abajo, porque como dice una frase antológica de la política vernácula: “es mejor estar arriba con presión y no abajo con depresión”.

Penosamente, esa es la mentalidad que prevalece en la dirigencia política nacional y en el sector público. Por ello, vemos improbable que esas distorsiones, injusticias e inequidades se puedan enmendar en el corto y mediano plazo, no obstante el anuncio de introducción en las cámaras legislativas de un proyecto de ley que procuraría regular y transparentar el sistema salarial del sector público.

Ojalá estar equivocado en este último juicio, y que en poco tiempo la situación económica de la clase trabajadora y profesional dominicana mejore sustancialmente para que el esfuerzo, la capacidad y el servicio honesto se vean compensados con el acceso al legítimo derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y a una calidad de vida digna.

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.