En tres (3) meses de plazo dado a la población, el que no cumpla con esa obligación fiscal, por dejado que pueda ser, o dificultades económicas por las que se esté atravesando, es porque no quiere. Es obvio que, motivos se tendrán al respecto, que deben ser estudiados y ponderados por las autoridades, para entonces proceder a combatirlos con el sosiego y la ecuanimidad debida.

Todos los años se presenta la misma situación.  Mucha gente, “qué no quiere” sacar el nuevo marbete de la placa para tener derecho a transitar en vehículos públicos o privados por la diferentes calles y avenidas del país. Y, como de ordinario se estila entonces, viene la incautación de los automóviles por parte del cuerpo policial represivo denominado AMET, tan pronto vence el plazo otorgado.

Evidentemente esa actitud ciudadana tiene más de una causa, y no hay que ser muy inteligente para inferir eso. Ahora, nadie se aboca, organismos oficiales principalmente, a tratar de definirlas en verdad, para procurar su combate, ¡qué se puede!

Nada más se dice, por parte de los encargados de cobrar ese tributo, para salir del paso claro está: que los dominicanos son muy dejados: “que todo lo posponen hasta la última hora, y que, por tanto, se debe ir compulsivamente sobre ellos”.  

Claro, es una de esas, innegable. Pero, ¡no es la principal!, se deduce, y puede haber motivación para que la misma se abandone, en eso de que ahora se trata: tributo al libre tránsito. Que, además, la compulsividad absoluta no es el único camino; que hay otros más adecuados y justicieros entre los cuales elegir.

No cabe duda de que en parte es así, ¡se es dejado!, cabe reiterar Ahora, ese comportamiento, cuando se refiere especialmente a pagar impuestos en favor del fisco, tiene en adición un factor de mucho mayor importancia, que induce poderosamente a no querer hacerlo, u observarlo; y es que, una gran parte de la ciudadanía se siente estafada por el Estado nuestro, en la medida en que, al producto de los gravámenes todos con que se asfixia a la población no se les da el uso debido; y mucho menos, no se ve la reciprocidad con respecto a la sociedad, en términos de satisfacer las necesidades más apremiantes que la acosan.

La mejor muestra de ello, según se alega, está en las precariedades con que operan los hospitales públicos del país; en que, para poder lograr algún servicio asistencial, hay que rogarles a todos los santos, y hasta comprar los materiales médicos requeridos, por sencillos que sean, como jeringuillas hipodérmicas, gasas, calmantes, bajantes para sueros, hilos para coser heridas, esparadrapo etc.

Además, es de conocimiento público que, en muchos de esos establecimientos hospitalarios, los equipos para diagnósticos que se utilizan (sonógrafos y resonadores, entre otros,) se tienen alquilados a médicos privados, lo cual constituye una gran vergüenza dentro del sistema, entendiéndose que tales acciones no se llevan a efecto sin el conocimiento y autorización de las autoridades superiores en el Ministerio de Salud Pública, y demás organismos competentes.

Luego, la gran pregunta que asalta es, ¿y para qué pagar impuestos entonces en este país, cuando ni siquiera se cubren con los mismos las necesidades sociales de ese tipo. ¿Para robos y corruptelas políticas? Presiones para que se paguen sí puede haberlas, pero los cumplimientos de deberes en favor de la ciudadanía se olvidan, Es lo que se dice.  Y se sostiene: “¡qué bien!, es así!”

Se aduce, además, en el tenor directo de lo que se trata, que en una nación donde se tiene que pagar injustamente por los combustibles los precios más altos de toda el área del Caribe, incluso que, en USA, debido a la indolente recarga impositiva que se les aplica, la falta de deseos para renovar la llamada placa es obvio.

Y, en que, por otro lado, los conductores no tienen a quien reclamar nada, cuando los vehículos se deterioran sobremanera, por el mal estado de las calles y avenidas locales, lo que hace que, tampoco las autoridades tengan mucha calidad moral para estar exigiendo cumplimiento de pagar el tributo para transitar, marbetes de placas.

Entonces, se puede colegir que, la cuestión no estar incautando vehículos, una práctica ilegal por completo, de acuerdo con la opinión de juristas expertos, para obligar a pagar ese impuesto, con los excesivos gastos que se adicionan, que se tornan hasta abusivos.

¡No!, es procurar transparentar el uso de los ingresos estatales por concepto de tributos; que se satisfagan las necesidades sociales apremiantes con el producto de los mismos; y, que los conductores dejen de ser las victimas exclusivas ante los deterioros viales que sufren los vehículos en esta República. Qué se adopten los correctivos pertinentes. ¡Son las cosas que deben ir!, a los fines de que la población se sienta conforme, y entonces quiera cumplir.

Hasta que esas acciones de incautamiento abusivo de vehículos por parte de la AMET, a las que de ordinario se recurre, no causen una desgracia significativa entre conductores - agobiados por los problemas, como los déficits económicos que enfrentan - y los agentes de ese cuerpo policial, no se procurará la adopción de otra forma menos “traumatizante” para inducir a que se cumpla cabalmente con el pago del referido impuesto.

¡Ojo al Cristo, que los pueblos se “jartan”!

Autor: Rolando Fernández

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