Desde hace varios lustros, muchos de los que han venido ocupando las curules en el Congreso Nacional dominicano, han estado siendo objeto de severas críticas por parte de la gente con cierta preparación en este país, debido a la falta de idoneidad que presenta la gran mayoría, que seudo representa a los ciudadanos allí, en términos de la formación académica, y aptitudes en sentido general, que se entienden exigibles para poder servir razonablemente desde posiciones tales como diputados o senadores, y otras.

Ahora, nadie que haya leído con detenimiento la Carta Magna de la República, y reparado con la atención debida sobre las exigibilidades estipuladas allí para poder optar por cargos electivos en Dominicana, debe extrañarle esos comportamientos cuestionables que observan determinados funcionarios públicos de la nación, participando dentro de los tres Poderes del Estado, y todas las instituciones oficiales conexas, que muchas veces se convierten en el hazmerreír de la gente entre nosotros.

Aquí, como de la Constitución se desprende, cualquier patán, o analfabeto, que aspire ser postulado por alguna organización política, puede ser electo para ocupar los principales puestos dentro del Poder Ejecutivo; ser senador o diputado; cuando no, seleccionado para dirigir los gobiernos municipales (sindico o alcalde). Solamente se establecen requisitos académicos profesionales a nivel del Poder Judicial, por obligación obvia, ser abogado, licenciado o doctor en Derecho ¡Entonces, nada de lo que se ve, puede resultar extraño!

Evidentemente, el que no reúne condiciones para desempeñar posiciones públicas, nada puede hacer, aunque lo desee. Para dirigir el Estado, por ejemplo, que bien podría considerarse como una gran empresa en busca de beneficios sociales y desarrollo económico, hay que tener la formación apropiada, y los conocimientos base requeridos.  No un asunto de ser político nada más, y estar al mando de una trulla de gente avariciosa, que hace de ese ejercicio, en connivencia, una inversión lucrativa, e inhumana social.

Por el lado de los congresistas, qué gente sin ningún tipo de formación académica exigible ocupando curules, que a penas sepa mal leer y escribir, puede estar elaborando leyes, o aprobando   normativas legales para ser aplicadas a toda una sociedad, sin medir consecuencias, por el mero hecho de ser politiqueros y arribistas pertenecientes a determinadas organizaciones del ramo.

Se debe bien recordar que ese es el primer Poder del Estado nuestro (Legislativo), desde donde tienen que emanar las leyes que rijan en el país, entre otras cosas; como, conocer y aprobar transacciones importantes para el mismo, y los convenios suscritos con el exterior. Además, servir de contrapeso y control para los dos Poderes restantes, no de sello “gomígrafo” cómplice. ¡Es lo que debería ser!

Por tanto, el mismo no puede estar plagado de ineptos y compinches politiqueros, como con los sectores económicos regentes aquí, dejándose narigonear; solo para estar levantando manos, y autoaprobándose beneficios particulares, legislar para sí mismos, que van a la postre en contra de toda una sociedad que les elige.

Las causas principales de esos males, verbigracia, están bien claras en los Artículos 79, 82 y 123 de la Constitución de la República, en que se establecen los requisitos para poder ser elegido como presidente de la República, Vice, al igual que senadores y diputados. ¡De preparación alguna se habla!

Además, se estipulan en esa, atribuciones que corresponden a los mismos, y que evidentemente demandan de formación académica y capacidades otras, advirtiéndose incompatibilidad entre ambas cosas. Por tanto, muchos de los disparates y deslices en que puedan incurrir algunos no deben sorprender.

La gran interrogante en tal sentido sería, quiénes aquí estarían en disposición de efectuar los estudios y análisis pertinentes, a los fines de que se introduzcan en la Carta Magna las modificaciones enmendatorias requeridas; que se establezcan sólidos requisitos para poder optar por las referidas posiciones, y no solo permanezcan los que constan, para que el país pueda ser encausado de otra manera, y las actitudes del funcionariado estatal no dejen tanto que desear.

El gran problema o dificultad está en que, los que podrían promover algo así, y finalmente concretizarlo, son los que más se benefician de esas importantes debilidades constitucionales, como, por ejemplo, los mismos miembros del Congreso Nacional, y demás funcionarios incluidos a ser electos después; que no crearían cuchillas para sus propias gargantas, tal como tampoco habrá de ocurrir con la aprobación de la famosa Ley de Partidos Políticos., tan manoseada y oxidada ya.

Por consiguiente, parece ser que los dominicanos tendrán que seguir oyendo sandeces, provenientes de determinados funcionarios públicos mandantes, como continuar criticando las faltas ortográficas alarmantes con que escriben.

Hay cosas que resultan muy difíciles de resolver, y de esa que se trata aquí, luce como una de ellas, salvo que no se produzca un milagro inesperado; un cambio de gran significación en el sistema político regente, que denominan democracia representativa, por llamarle de alguna forma; pero, que no es tal, como tampoco se representa a nadie dentro del mismo. Sí es un libertinaje, en el que la población se utiliza como medio para los políticos disfrutar de los haberes estatales.

Autor: Rolando Fernández

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