“La primera igualdad es la equidad” Víctor Hugo 

En 2005, la periodista fue torturada tras la publicación del libro “Los demonios del edén, el poder de la pornografía infantil” donde toca el tema de prostitución infantil que involucraba a empresarios y políticos de alto rango.  

Hace días atrás, un tribunal amparó contra la orden de encarcelamiento al responsable de los atropellos, el amparo a Nacif reafirma lo que siempre han señalado la comunicadora y las organizaciones en favor de los derechos humanos: que la impunidad en el caso persiste. “La corrupción mató a la verdad jurídica y la colusión de servidores públicos, otra vez, ha promovido la impunidad en temas de tortura y persecución de periodistas” 

Las dependencias de la ONU para las garantías fundamentales y la igualdad de las mujeres piden que no quede impune ese grave delito, que se suma a otros abusos cometidos contra Lydia Cacho. 

Ante la información hecha pública el pasado 26 de julio relativa a una resolución judicial en el proceso seguido en contra de uno de los presuntos responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos que sufrió Lydia Cacho, ONU Mujeres y la ONU-DH recuerdan la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano de dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso.  

En dicho Dictamen, el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.   

Entre otros aspectos, el Comité señaló que “los tratos a los que se sujetó a la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.  

Asimismo, “el Comité considera que, en las circunstancias descritas, y a la luz de las declaraciones públicas vertidas por el empresario en cuestión y por altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos en el párrafo 10.8 supra, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto”.  

La obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos.  

La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder.  

La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares y favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. 

En ese sentido, es esencial recordar que el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW por sus siglas en inglés) ha establecido que “los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. […] El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.”  

El Sistema de las Naciones Unidas en México condenó esa transgresión y llamó al Estado mexicano a garantizar la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, ajustándose a sus obligaciones constitucionales y a los estándares internacionales. 

En esa ocasión, la ONU declaró que agresión contra Lydia Cacho no es un caso aislado y que refleja la discriminación y violencia de género que sufren la mayoría de las defensoras y periodistas en el mundo por el hecho de ser mujeres. 

El Gobierno de México, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas públicas a Lydia Cacho por el agravio sufrido, pero Cacho ha denunciado que la impunidad en su caso se mantiene.  

Cuestionado por el tema, López Obrador comentó en su rueda de prensa matutina que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) revisar la exoneración de Nacif porque “debe de haber otras instancias” y aseguró que “urge” una reforma del Poder Judicial.  

“Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo” Hillary Clinton 

Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Presidenta del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Analista y comentarista mexicana, del Estado de Guerrero, México.