Advertía en estos días Centro Bonó que el gobierno ha nombrado gente del movimiento ciudadano de reclamos y de la prensa, para neutralizar protestas y acallar voces.

Y admitía el director de El Día, Rafael Molina Morillo, vinculado a la libertad de expresión y de prensa en el Continente: “Sí, sabemos que el sector oficial, manifestado en distintas organizaciones trata y consigue muchas veces acallar o comprar voces periodísticas”.

Se denuncia que el gobierno Medina ha nombrado gente, le ha dado contratos de servicios para asordinar reclamos y doblegar voluntades vulnerables a la necesidad de sobrevivir en un país tan caro como el nuestro, y de tan bajos ingresos y tan magro el poder adquisitivo de la gente.

(Y un país en el que los administradores del modelo de subdesarrollo que nos gastan, han convertido en paradigmáticas medallitas de oro la simulación, la vanidad y la pretensión de riqueza y opulencia).

La finalidad es obvia, lograr ascendencia social y sacar ventajismo político con objetivos electoralistas del grupo palaciego en permanente y costosísima campaña de mercadeo y relaciones públicas, los 3 y tantos años que lleva en el poder.

La perversidad no puede ser mayor. Usar el dinero de los impuestos que paga la gente para lograr identidades sumisas a la unanimidad que procura lograr a todo costo el grupo del PLD que pretende perpetuarse en el poder.

Pero asoma una perversidad mayor. Hay motivos para creer que ciertos datos con los cargos y montos devengados por algunos y algunas de los nombrados filtrados a la publicidad…

Facsímiles de nóminas que sólo están en control de quienes las administran, circulan a través de publicaciones desconocidas o apócrifas en las redes de Internet, con el obvio interés de, además de comprarlos, desacreditar a los activistas sociales o comunicadores contratados y acallados.

Cual artilugio del túnel del tiempo, importan versiones refrescadas del Foro Público, aquel recurso infame usado por el trujillato para desacreditar sobre todo a conversos de la oposición que pasaban a colaborar con el gobierno.

La finalidad perversa se advierte especialmente en casos de comunicadores que desempeñan una posición en el Estado por la que devengan un sueldo similar a quienes desempeñan sus mismas funciones, pero que son resaltados como si disfrutaran de algún privilegio especial.

Es malucos que son.