El escándalo internacional que ocupa en estos momentos las portadas de los diario más importantes de Estados Unidos, entre ellos el The New York Times, el más prestigioso del mundo, ha puesto en el ojo de la opinión pública una madeja de intereses y manejos que están siendo investigados, nada más y nada menos, que por el FBI.

De las investigaciones que involucran al doctor Salomón Melgen y al senador demócrata Bob Menéndez, entre otros, han salido muchas cosas feas que nada se relacionan con la ética, el respeto a las leyes y los mejores intereses de Estados Unidos ni de la República Dominicana.

En efecto, el proceso de investigación del FBI ha revelado a la luz pública una serie de interrogatorios en el que varias prostitutas involucran al senador Menéndez, al doctor Melgen, y a su primo y abogado en el país Vinicio Castillo Semán. Específicamente, esos interrogatorios han ofrecido detalles de encuentros y francachelas, en los que el senador Menéndez habría tenido relaciones íntimas con prostitutas, por demás menores de edad.

Se ha alegado que detrás de las denuncias hay un interés político republicano para impedir que Menéndez ascienda a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del senado norteamericano, vacante tras el nombramiento del senador John Kerry como incumbente del Departamento de Estado.

Este argumento, sin embargo, no se sostiene, toda vez que el FBI es una entidad federal del gobierno de los Estados Unidos, cuyo director es nombrado por el Presidente de esa nación, en este caso por el presidente demócrata Barack Obama, y a su vez es ratificado por el senado norteamericano.

Cabe destacar que entre otras importantísimas funciones, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tiene por misión el de combatir la corrupción en los servicios públicos en todos los niveles, así como los crímenes de cuello blanco, las estafas corporativas, fraudes financieros, robo de identidad, etc.

De ahí que no sólo se trata de una investigación sobre la prostitución de menores de edad, lo cual de por sí es muy serio conforme a la leyes norteamericanas, sino de otros asuntos tanto a más graves que ese, como sería un fraude fiscal por el orden de los 16 millones de dólares dejados de pagar por las empresas del doctor Melgen, y por presuntos fraudes al Medicare y Medicaid.

Asimismo, las relaciones personales y financieras entre Melgen y el senador Menéndez están siendo investigadas por el FBI, en razón de que este último habría realizado, por lo menos, tres viajes a República Dominicana en el avión privado del oftalmólogo, sin haberlos reportado ni pagado, lo que constituye una violación a las leyes norteamericana que prohíben a los senadores recibir regalos o dádivas que tengan un valor superior a los 250 dólares.

Al no hacer el reporte y la solicitud de lugar al Comité de Ética del senado norteamericano, luego de que se abriera la investigación, Bob Menéndez habría reembolsado 58,500 dólares al doctor Melgen por los servicios prestados, pero ya la falta había generado la investigación.

Tanto la investigación sobre la denuncia de prostitución infantil, como la de fraude fiscal, se han venido profundizando luego del allanamiento de las oficinas del doctor Melgen en la Florida por parte del FBI.

Luego de ese allanamiento ha salido a relucir un contrato de concesión otorgado por el Estado dominicano, inicialmente a la compañía ICSSI, una sociedad constituida por la familia de un ex general del régimen de los doce años del doctor Balaguer, con un capital autorizado de cien mil pesos y activos por valor de cincuenta mil, mediante el cual el Estado otorga el monopolio de servicio de rayos x para verificación de contenedores en todos los puertos del país.

Se trata de un contrato que le reportaría a sus beneficiarios dividendos por el orden de los 1,000 millones de dólares en un plazo de 20 años. Esto es, unos 40,000 millones de pesos, o lo que es igual, unos 2,000 millones de pesos al año, calculados a una tasa de cambio de 40 pesos por dólar.

Y es que el 19 de agosto de 2011, el 50% de las acciones de ICSSI pasaron a ser propiedad de la compañía Boarder Support Services, una empresa registrada en la Florida, Estados Unidos, en 2009, y representada por el señor Salomón Melgen.

Desde un primer momento ese contrato encontró la recia oposición del fenecido director de aduanas, Lic. Miguel Cocco, y de su sucesor en el cargo, Lic. Rafael Camilo, no sólo por el carácter “inconstitucional” de algunas de sus cláusulas, sino por lo lesivo y oneroso que resultaba dicho contrato para el Estado dominicano. El contrato también ha generado el rechazo público de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, así como de los más connotados dirigentes empresariales del país, como Ligia Bonetti de Valiente.

Según las informaciones que han publicado The New York Times y otros medios de prestigio mundial, el senador Bob Menéndez ha defendido el contrato en el senado de los Estados Unidos, aparentemente por sus estrechos vínculos con el nuevo accionista de la empresa concesionaria, el señor Melgen.

Más todavía, ante el cuestionamiento de que un oftalmólogo sea el concesionario de una empresa especializada en seguridad portuaria, su abogado en el país y primo, el señor Vinicio Castillo Semán, ha mencionado el nombre de Pedro Pablo Permuy como el hombre que “ejecutaría las operaciones” en los puertos, lo cual he generado mucho más suspicacia en la opinión pública internacional, toda vez que se trata de un hombre que habría sido asesor del senador Bob Menéndez en asuntos de seguridad. Por su parte, Permuy negó al Times que tuviera nada que ver con el contrato de Melgen.

Lo lamentable de todo esto para el país y el pueblo dominicano, es que ya los dueños del contrato han amenazado al Estado dominicano con demandarlo en arbitraje internacional sin haber hecho siquiera las inversiones mínimas que implica su ejecución, por lo que eventualmente se le podría condenar al pago de la colosal suma de 1,600 millones de dólares, a favor de Melgen y sus socios.

No obstante, en Estados Unidos el FBI prosigue con sus investigaciones y de seguro que habrá repercusiones muy serias si se comprueba que ha habido prostitución infantil, tráfico de influencias, conspiración, conflictos de interés, fraude fiscal u otros delitos federales que comprometan la responsabilidad penal o civil de los involucrados.

Ojalá que el gobierno dominicano encuentre la vía legal e institucional para anular un contrato tan perjudicial para el interés nacional, el cual concede por demás un monopolio a particulares, lo que se encuentra expresamente prohibido por la Constitución de la República.

Ese contrato, también violatorio de Tratados Internacionales como el DR-CAFTA, representa además un gravísimo peligro de seguridad nacional, por cuanto colocaría en unas cuantas manos privadas todo el control de la verificación portuaria, lo que constituye una obligación y una facultad del Estado como ente regulador, supervisor y fiscalizador neutral del comercio internacional.

Para que se tenga una idea de ese peligro, baste con señalar que el abogado de ese contrato en el país ya ha acusado a los empresarios concesionarios de Puerto Multimodal Caucedo, a la Asociación de Navieros y al sector importador, de “estar detrás de la campaña” que se ha montado en contra del contrato y de él en particular, acusándoles de no querer que se verifiquen los furgones porque “se acabarían los volaos y el contrabando que vienen en los contenedores”.

No contento con esta temeraria y destemplada declaración, el hombre ha amenazado con demandar y querellarse contra todos los medios de comunicación del país que publiquen cualquier información sobre el escándalo suscitado, y ha dicho “que tiene informes de los organismos de inteligencia del Estado” que le indican quienes estarían detrás de la supuesta campaña.

De ser esto último cierto, a nosotros como ciudadano nos gustaría que se nos explicara en calidad de qué los organismos de inteligencia del Estado le proporcionan información a un abogado sin ninguna calidad para recibirla, porque hasta donde uno tiene conocimiento los organismos de inteligencia del Estado únicamente deben rendir informes al Presidente de la República directamente, o a través de los canales institucionales correspondientes, entiéndase el Ministro de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la Policía Nacional o el Ministro de Interior y Policía.

Si esos informes de inteligencia dados a Castillo Semán no violentan la Constitución ni ninguna ley, entonces no se explica que muy pocas personas en el país gocen del privilegio de contar con informes de inteligencia cada vez que su nombre salga a relucir en un periódico o medio de comunicación dominicano.