Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y
Juan Bolívar Díaz no son traidores a la Patria ni nada por estilo. Son dominicanos capaces e intelectuales liberales de fuste, estemos o no de acuerdo con todas sus posiciones públicas.

Esos tres dominicanos ilustres se distinguen tanto por su excelente nivel académico e intelectual como por su decencia, caballerosidad y equilibrio cuando participan en el debate público nacional.

He sido alumno a nivel de maestría de los profesores Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez, y puedo dejar constancia de su extraordinaria preparación jurídica, así como de su amplia cultura.

La obra bibliográfica del primero, la profundidad de los artículos periodísticos de ambos, y su labor docente, hablan por los dos nacional e internacionalmente.

Por supuesto que el nivel de solvencia académica de estos juristas no quiere decir que todo lo que planteen sean
verdades incontrovertibles e irrefutables.

Ellos son los primeros en reconocer la importancia
del debate y de la discusión de las ideas, y regularmente acceden a participar en ellos con sus contradictores no sólo por su vocación democrática, sino como ejercicio de retroalimentación, y como forma de procurar fórmulas y consensos que tengan legitimidad y sustento científico, jurídico y político.

Por su parte, creo que Juan Bolívar Díaz es
uno de los periodistas más capaces, profesionales y honestos que hay en nuestro medio, independientemente de sus posiciones políticas, a veces radicales, respecto
de un espectro partidario e ideológico determinado.

Ahora bien, estos tres exponentes del pensamiento liberal dominicano han expresado su desacuerdo con la sentencia
168/2013 del tribunal constitucional, y han sostenido argumentos para ello.

Hasta donde he visto y leído, sus posiciones no han zaherido a nadie, no han ofendido ni pretendido ridiculizar ni descalificar a nadie.

Ellos han ejercido su derecho a disentir y a criticar la referida sentencia, como lo hemos ejercido otros dominicanos que estamos de acuerdo con la misma, aunque entendemos discutibles algunos de sus argumentos y motivaciones.

Del lado de quienes defendemos la sentencia,
también hay profesionales e intelectuales ilustres y comprometidos, gente que tiene mucho nivel y calidad profesional para defender sus puntos de vista. Juan Miguel Castillo Pantaleón y Manuel Núñez son dos de ellos.

No obstante, el objeto de este artículo no es propiamente la sentencia del TC, que ya es definitva e irrevocable, como lo han reconocido la ONU y otros organismos internacionales.

Más bien me preocupa como dominicano y ciudadano la exacerbación de los ánimos de quienes se autoproclaman
“nacionalistas”, que no desaprovechan ocasión para exhibir su “nacionalismo” a ultranza, descalificando a diestra y siniestra a sus compatriotas y reclamando hasta cárcel y guillotina para todo aquél que no comparta o secunde sus
opiniones.

Uno de esos últimos exabruptos chauvinistas lo constituyó la bárbara manifestación de proclamar en un acto público
“traidores a la patria” a quienes han criticado el dispositivo de la sentencia 168/13. Y como si eso no fuera suficiente, frente al Altar de la Patria, proclamar la “muerte a los traidores”, mencionando sus nombres y distribuyendo pasquines con los mismos.

A mí me parece que semejantes conductas antisociales contribuyen muy poco al debate nacional y a la propia causa que entiendo se procura con la sentencia 168/13 del tribunal constitucional, que esencialmente no es otra que la de regularizar el estatus migratorio de personas nacidas en suelo dominicano hijos de extranjeros residentes ilegales, así como que se implementen mecanismos institucionales que preserven los requerimientos constitucionales y legales relativos a la adquisición de la nacionalidad dominicana.

Y es que cuando el debate adquiere el cariz
que ha tomado con esos pronunciamientos, esas voces que así se expresan asumen un camino muy peligroso y oscuro que hacen recordar conductas propias del fascismo, el nacionalsocialismo hitleriano, o el deleznable Ku Klus Clan.

La sentencia del TC se debe defender y apoyar sin estridencias, sin alarmismo, sin chauvinismo, sin xenofobia, sin racismo, sin intolerancia, sin odio. Sin odio hacia los haitianos y mucho menos hacia
dominicanos.

Ese nivel de agresividad verbal, de irracionalidad e intolerancia que exhiben algunos “ultranacionalistas”,
es precisamente lo que muchas veces contribuye a dañar o menoscabar la imagen internacional de la República Dominicana, así como a desnaturalizar todo intento
jurídico e institucional serio y válido por enmendar situaciones ilegales e irregulares de las que nuestros gobiernos y autoridades son en gran medida responsables.

Si en el país se proclama la “muerte a los traidores” y se hace un listado de los ciudadanos dominicanos que han criticado la sentencia 168/13 señalándoles como tales, se están dando notaciones de una incivilidad y una intolerancia gravísima que seguramente dará cancha a quienes nos acusan de xenofobia y racismo a nivel internacional.

Si un grupo de dominicanos proclama públicamente la muerte a compatriotas suyos, porque sostienen puntos de vista
distintos sobre una sentencia de un tribunal, ¿qué no sería frente a aquellos extranjeros que alegan maltratos y discriminación en nuestro país?, se pudiera preguntar cualquiera que viera esas declaraciones en cualquier medio de comunicación internacional.

El debate público sano, responsable, democrático, civilizado, no requiere de semejantes proclamas ni de amenazas, extorsión, intimidación ni chantaje. La búsqueda de la verdad, de la justicia, de lo mejor para la nación dominicana demanda, eso sí, de equilibrio, de sensatez, de decencia, de nivel académico, racionalidad, tolerancia, respeto por la opinión contraria, y en el caso que nos ocupa, de razonamiento jurídico y político profundo.

Por supuesto que hay sectores políticos que lamentablemente nunca han actuado ni actuarán conforme a estos criterios, y aunque su influencia política es mínima, penosamente ostentan bastante poder mediático y económico, y mucho odio y capacidad de extorsión y chantaje.

Ese odio visceral, esa vanidad y delirio de grandeza enfermizos, su codicia y envidia por la grandeza ajena, siempre les ha movido a descalificar, a difamar, a injuriar y a perseguir mediáticamente a sus adversarios y contradictores, a sectores económicos, políticos y sociales, y a juristas y personalidades que no comulgan con sus ideas ni con su estilo agresivo, desconsiderado y muchas veces perverso y temerario de ejercer el derecho y la opinión pública en la República Dominicana.

Ojalá que gente distinguida y con suficiente nivel intelectual que apoya el fallo del tribunal constitucional, como lo apoya el autor de esta columna, no permitan que esos grupúsculos los conduzcan hacia
ese estilo aborrecible de debatir, que es un estilo imbuido de prejuicios, intolerancia, mezquindad, veneno y maldad.