La relampagueante destitución del ingeniero Diandino Peña, tras los cuestionamientos de una reputada comunicadora respecto de su muy productiva “trayectoria empresarial” casi en paralelo a funciones oficiales, parece confirmar que el gobierno se siente bastante presionado con los reclamos nacionales e internacionales contra la corrupción y la impunidad.

    (Hay gente que insiste en restarle importancia o minimizar la significación de las manifestaciones de los “verdes”, pero una cuestión es innegable: es la primera vez que en la “era” del PLD se desarrolla un movimiento protestatario claramente antigubernamental de su naturaleza, magnitud y alcances -pues el que logró el 4% del PIB para la educación fue más limitado, tuvo características distintas y se produjo en otro tipo de coyuntura- desde los sectores medios de la sociedad y al margen de los partidos tradicionales).    

    Más aún: si bien han sido más que notorios los esfuerzos por aparentar lo contrario, las últimas maniobras legales y mediáticas de los estrategas palaciegos ponen en evidencia que ya es una matriz de su política formal sobre el tema, adoptada al margen de los estamentos propiamente partidarios, la disposición de sacrificar algunas piezas del “ajedrez” peledeísta en el ara de la indignación popular.

    Y, desde luego, ello no necesariamente tiene que ver con la adopción de providencias votivas en torno a la corrupción y la impunidad: es, simplemente, que el danilismo, pese a las reiteradas protestas de transparencia y honestidad de su líder y sus íntimos, aún tiene su ordalía (por cierto, como ya se sabe, basada en presunciones de participación en delitos de financiamiento electoral, sobornos y sobrevaluaciones), y superarla no es actualmente un desafío de poca monta.  

   En ese sentido, probablemente la parte menos grata de los esfuerzos que deben poner en marcha los danilistas para lograr una convincente difuminación de las referidas presunciones es la obligación de hacer uso de “medios” políticamente viables pero resbaladizos y éticamente reprochables: desde ofrecer verdades a medias hasta presionar órganos de opinión, sin excluir el circo y la arena, dándoles de comer a los “leones” con la carne de cualquier gladiador propio o de la acera contraria que esté de mala manera en la mira ciudadana.

    Igualmente, hay que reiterarse en un planteamiento hecho en una entrega anterior: quienes en el país tienen más informaciones, intereses y recursos potencialmente peligrosos para la integridad del grupo gobernante son sus competidores internos del leonelismo, y obviamente cualquier estrategia de aquel debe involucrar, junto a lo que se cae de la mata como defensa y ataque dentro de la “realpolitik”, una línea de contención y hasta derribo contra los últimos.   

    El doctor Franklin Almeyda Rancier lo ha dicho de otro modo (digamos que en su proverbial estilo de preboste político), pero la destitución del ingeniero Peña, sobre todo por el momento en que se produjo y por el aire de desconsideración que exhibió adrede, es una acción dirigida a satisfacer las ansias de “sangre” de las graderías sociales y, de paso, mantener en estado de “tuche y sin sacarrayita” al doctor Fernández, cuyo excesivo protagonismo internacional de la víspera ha puesto “chivo” a más de un asesor gubernamental.

    Lo que no dijo con toda claridad el doctor Almeyda (porque lo escondió detrás de la afirmación de que “con el tema Diandino se presenta la segunda fase de la quirinada, y que de seguir así lo único que conseguirán será desterrar al PLD del poder”) es, sin embargo, lo más importante: la acción contra el exdirector de la OPRET es también una provocación que podría ser heraldo de demandas radicales de ruptura del leonelismo con el danilismo, y cuidado si se convierte, por eso, en la escaramuza inaugural de la gran guerra interna que mucha gente ha estado esperando en el peledeísmo gobernante.

    En otras palabras: el danilismo (sin entrar en la valoración de las imputaciones contra el ingeniero Peña, que son “harina de otro costal”) sigue chantajeando al grupo del doctor Fernández, y de cierto hay que asumir que con ello ha logrado por el momento tres cosas que le calman el tormento: desviar la atención de la opinión pública -que hasta ahora había estado centrada en el gobierno-, mantener en estado de forzada pasividad al exmandatario y, por supuesto, insistir en la advertencia a éste y sus conmilitones en la dirección de que serán “liquidados” si ceden a la tentación de hacer causa común, abierta o soterradamente, con los denunciantes y protestantes antigubernamentales.

    En el caso del ingeniero Peña, conviene no olvidar el hecho de que la mayoría de los cuestionamientos que le hace la comunicadora anteriormente mencionada no son nuevos (ya los habían planteado o prefigurado otros informadores en el pasado reciente y, por lo tanto, sus elementos eran de conocimiento general, inclusive del régimen danilista), pero la reacción gubernamental ante ellos ha sido casi insospechada: meteórica y cortante desde el prisma estrictamente político, como si se hubiera tratado de aprovechar una “gran oportunidad” antes de que se evaporara.

   Igualmente resulta relevante la singularidad de que los cuestionamientos al ingeniero Peña fueron hechos desde un programa a cuyos propietarios y operarios algunos les atribuyen posturas “comprensivas” o “tolerantes” frente al grupo palaciego, en un momento en que éste se encontraba como la arepa (con fuego por abajo y por arriba) y, según todos sabemos, afectan dramáticamente a un amigo y seguidor del doctor Fernández considerado hasta ahora, debido la amplitud de sus influencias y conexiones, como parte del círculo de los leonelistas “intocables”.  

    La “pelota”, pues, que se está jugando desde el gobierno es super caliente: la urgencia del danilismo por sacar del candelero público el tema de la Odebrecht (que planea ominosamente sobre sus entornos íntimos) lo está conduciendo a adoptar medidas “temerarias” desde el punto de vista de la unidad interna del PLD, y es imposible no apercibirse de que las mismas son claramente incompatibles con los intereses inmediatos del alto liderato del PLD (algunos de cuyos miembros podrían ser arrastrados hacia su vorágine) y, por otra parte, que se están manejando de cara a un riesgoso objetivo adicional: el estrangulamiento político del doctor Fernández.

   Esa decisión de jugar con candela que están ejecutando los danilistas es indudablemente audaz y desafiante (ante todo, valga la repetición, porque contiene un “problema” irresoluto: los presuntos protagonistas vernáculos de la trama mafiosa de la empresa brasileña han estado demasiado cerca de los últimos gobiernos y del aparato directriz del PLD), pero el asunto nodal es que ellos cada vez tienen menos opciones: con el paso del tiempo, en vez de amainar en el interés nacional e internacional, el tema de la corrupción y la impunidad avanza (permítanme robarle la metáfora al poeta Miguel Hernández) como un “rayo que no cesa”.

    Naturalmente, nótese que no se ha hablado aquí de procesamientos judiciales sino de sacrificar gente en el “ara de la indignación popular”, pues entre lanzar a alguien a la hoguera de la opinión pública y llevarlo al banquillo de los acusados, hay mucha diferencia ... En realidad, si hay o no voluntad para procesamientos judiciales en el gobierno, aún está por verse.

(*) El autor es abogado y profesor universitario

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