Alta Gerencia

La fuerte tradición de gobierno centralista heredado de la época de la independencia y de la restauración de la República Dominicana, a partir de la década del 1970 se fue disgregando la autoridad y responsabilidad del gobierno central a los organismos descentralizados y autónomos, obedeciendo a una corriente administrativa de esa época de redistribuir el poder de gestión y financiero, aunado a una democratización en la selección de los gobiernos de estos, procurando una mas justa asignación de los recursos en procuro de la equidad social.

Esa tendencia de dotar a organismos de funciones, competencias y atribuciones presupuestarias, con autonomía para trazar políticas de gestión administrativa y financiera, ha creado en nuestro país instituciones cuyas políticas de acción no están en muchas ocasiones en consonancia con las del gobierno central.

La libertad y autonomía de gestión que el legislador nuestro le ha otorgado a estos órganos, ha ocasionado que parte de los males de nuestro país se deban a inoperancias, privilegios, corrupción y una desproporcionada e injusta política salarial, con implicaciones de tal magnitud que ni los legisladores, ministros (que son sus superiores), el presidente y vicepresidente de la Republica devenguen salarios iguales a ellos.

Los organismos descentralizados y autónomos del Estado son como un saco de arroz que no tienen aristas por donde agarrarlos ni desamarrarlos por el marco legal que los protege. A nuestros legisladores les corresponde con la aprobación de la ley de salarios, eliminar esos suntuosos sueldos y pensiones de que disfrutan los administradores de estos entes, emolumentos que representan una vergüenza ante la sociedad por la precariedad y pobreza que sufren la mayoría de los dominicanos.

Servirle a la sociedad no significa tener el privilegio de un sueldo magnificado sino tener la honra y el honor de ver a un pueblo feliz y satisfecho de una gestión eficiente, honesta y decorosa.

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