El tema de la corrupción siempre ha estado presente en el debate político nacional, aunque efectivamente en los últimos años reconocidos e influyentes periodistas de investigación han venido denunciando reiteradamente diversos hechos escandalosos cometidos desde las instituciones públicas.

Nepotismo, desfalco, sobrevaloración de obras públicas, malversación de fondos, violaciones a la legislación de contrataciones públicas y licitaciones, uso abusivo de recursos públicos a través de gastos de representación, constituyen algunos de los tipos penales e irregularidades dados a conocer a la opinión pública.

Asimismo, en varios de esos reportajes se han identificado suntuosas propiedades inmobiliarias cuyos valores no guardan relación alguna con los salarios que devengan como funcionarios públicos sus presuntos propietarios, ni tampoco con relación a las declaraciones juradas de bienes presentadas por los mismos.

El tema fue abordado tangencialmente por el Presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas. Sobre el sometimiento a la justicia de los funcionarios corruptos, dijo que “cada quien sea responsable de sus propios actos”, para a seguidas emplazar al Ministerio Público a actuar con “libertad e independencia”.

Y es que en algunos casos se percibe que los escándalos denunciados han traído como consecuencia la destitución de los funcionarios involucrados, como es el más reciente caso de PROMIPYME, o en su defecto, la rotación de estos a otros organismos.

Con esa y otras destituciones, el Jefe del Estado demuestra estar atento a las denuncias de corrupción que se hacen desde los medios de comunicación, y de alguna manera manifiesta su voluntad para preservar la imagen de su gestión de gobierno.

Lo que parece no satisfacer a la ciudadanía y a amplios sectores de la sociedad es que semejantes escándalos de corrupción se repitan sin que el Ministerio Público someta a la justicia a sus responsables, y sin que los bienes irregularmente adquiridos sean reintegrados al patrimonio nacional.

Y es que en efecto, las medidas anticorrupción enumeradas por el Presidente de la República, si bien no han erradicado el mal de la corrupción pública y su impunidad en el país, sin duda han contribuido a transparentar bastante la administración del Estado.

La Ley de Función Pública, la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Lavado de Activos, entre otras, han traído consigo una serie de reformas institucionales y burocráticas interesantes que dotan a la ciudadanía y al propio Estado de herramientas legales importantes para prevenir, detectar y combatir los actos de corrupción.

Ahora bien, si bien es cierto que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar, instrumentar los expedientes, y formular la acusación de los funcionarios corruptos, no es menos cierto que el Poder Judicial tiene la última palabra a la hora de sancionar los delitos y crímenes cometidos contra el patrimonio público.

Así como se debe censurar la inacción del Ministerio Público ante los casos de corrupción denunciados, y por adoptar en distintas épocas una política de persecución selectiva, igualmente se debe condenar la actuación histórica de la justicia dominicana frente al flagelo de marras.

Si bien se ha ido ganando terreno en la implementación de mecanismos legales e institucionales para prevenir y detectar la corrupción, no es menos cierto que el Estado dominicano todavía exhibe muchas debilidades y carencias para combatirla y sancionarla.

Como la corrupción no sólo es un fenómeno político, sino también social y económico, la planificación y la estrategia para disminuirla y controlarla tienen que contar con una visión integral y unos objetivos definidos a mediano y largo plazo.

Se requiere de mayores controles y voluntad política para investigar y determinar la responsabilidad penal de aquellos dirigentes políticos que exhiben fortunas y propiedades fabulosas, de la noche a la mañana, después que han ocupado un cargo en el gobierno.

Se amerita de renovados esfuerzos y de amplios consensos para despolitizar las funciones del Ministerio Público, para hacer verídicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, para evitar y sancionar los conflictos de interés, y para que la justicia recaiga sobre cualquier ciudadano que atente contra el patrimonio del Estado sin importar su jerarquía partidaria.

Y es que la mayoría de las denuncias de corrupción formuladas en los últimos tiempos cuentan con las pruebas documentales suficientes para instrumentar las acusaciones correspondientes en la justicia dominicana.

La opulencia de las propiedades y del estilo de vida que exhiben ciertos funcionarios y ex funcionarios, también debería de llamar la atención del Ministerio Público y de las instituciones fiscales. Y no sólo que actúen con libertad e independencia, sino con mucho valor, ética y apego a la ley.

El autor es abogado