En la República Dominicana existen instituciones centralizadas en las que se aumentan los salarios cada cinco o más años, y en otras, como es el caso de la Policía Nacional, no se sabe desde hace cuanto tiempo no se producen aumentos.

Consciente de esa realidad institucional, y siendo coherente con su discurso y su ideario político, el presidente Danilo Medina, a través del Ministro de Hacienda, ha anunciado un aumento salarial en el sector público para el próximo año.

El día anterior al anuncio, el presidente Medina había externado su preocupación de que muchas empresas del sector privado pagan muy bajos salarios a sus empleados, lo cual a su juicio, conspiraba contra el propio crecimiento de las empresas por el bajo poder adquisitivo de los trabajadores.

Tanto estas declaraciones del mandatario, como el anuncio de aumento de salarios del gobierno en el sector público, constituyen una muestra inequívoca de la sensibilidad social y de su justa visión social y económica.

Y es que no hay distribución de la riqueza si el salario y los ingresos que reciben los trabajadores, públicos y privados, se mantienen congelados por años sin importar el incremento exorbitante del precio de los bienes y servicios.

En nuestro país el aumento del precio del galón de la gasolina y los combustibles, del servicio energético, de los alimentos, la educación, las medicinas y los servicios médicos, de los vehículos, las viviendas y los impuestos directos e indirectos de los últimos años, han deprimido enormemente el poder adquisitivo de los dominicanos, y particularmente de la clase media y de los servidores públicos.

La calidad de vida de esos sectores se ha disminuido notablemente por lo que las medidas anunciadas por el señor Presidente de la República son aleccionadoras y reivindicadoras para la clase media, los servidores públicos y los sectores vulnerables.

Con esa medida se aumentará el poder adquisivo y de consumo de la población, y por ende su calidad de vida. Y es que no pocos empleados públicos y privados tienen que recurrir al crédito, mediante tarjetas de crédito con intereses onerosos, para pagar los bienes y servicios más elementales como el transporte, la energía eléctrica, la alimentación, la salud, la educación, etc.

Los salarios de miseria que suelen pagarse en el sector público y privado de la República Dominicana incentivan no sólo el pluriempleo, la informalidad empresarial y comercial, sino también la falta de productividad y el desgano de cientos de profesionales y técnicos que le sirven al Estado y a las empresas que pagan mal, los cuales albergan un sentimiento de injusticia, impotencia, y hasta cierto punto de esclavitud, por la falta de mecanismos legales e institucionales eficientes para defenderse de esa penosa situación.

La inmovilidad laboral en la República Dominicana debe ser una de las más altas del mundo. Este indicador consiste en que si un empleado pierde su empleo tiene que esperar meses y años para encontrar otro trabajo, con el agravante de que no existe seguro para el desempleo en nuestro país.

Por supuesto que el salario es uno de los componentes de la justicia social, por cuanto el régimen de seguridad social, esto es la cobertura de los servicios médicos y de los medicamentos para los trabajadores que cotizan y sus dependientes, los planes de pensiones y jubilaciones y las condiciones de trabajo, son otros factores en los que lamentablemente nuestro país se encuentra a años luz de ser óptimo y consecuente con sus propios principios establecidos en la Constitución: entiéndase el de la Dignidad Humana (Art.38), Derecho a la Igualdad (Art.39), derecho a la integridad personal (Art.42), y derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art.43), entre otros.

No obstante esos otros aspectos en los que se tiene mucho que avanzar en nuestro país, las medidas anunciadas por el gobierno y la preocupación del Presidente Medina porque en el Estado y en las empresas mejoren las retribuciones económicas de los trabajadores, tienen que ser reconocidas como una señal de voluntad política correcta para dignificar a los trabajadores y redistribuir mejor la riqueza del país.

Otra medida saludable atinente específicamente al sector público, es la aprobación de la Ley de Salarios del Sector Público, lo cual significará la aplicación de reglas y normas que tenderán a organizar y unificar los salarios de los funcionarios públicos y a descontinuar privilegios, desigualdades y distorsiones aberrantes que prevalecen aún en los diferentes organismos del Estado.