Santo Domingo RD .-La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó íntegramente la sentencia emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que condenó al Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 en concepto de indemnización a favor del ciudadano Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prisión preventiva calificaada "injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos".

En un encuentro con la prensa, los abogados de Gutiérrez, Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, expresaron que este fallo representa "la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta", lo que marca "un precedente histórico en el Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado".

Asimismo, Affe Gutiérrez manifestó que la sentencia, aunque significativa, no tiene valor material suficiente para devolverle "el tiempo perdido" y lamentó la falta de una disculpa pública por parte del Ministerio Público. "No hubo ningún intento de reparar el daño ni de perseguir a quienes nos causaron este abuso", expresó el afectado.

El calvario judicial de Affe Gutiérrez comenzó en 2008, tras su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. A partir de esa unión, Gutiérrez fue objeto de una persecución institucional que culminó con su expulsión de la Policía Nacional y su posterior sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio. En 2009, fue detenido preventivamente y, a pesar de la falta de pruebas en su contra, el Ministerio Público mantuvo la acusación.

Lo que siguió fue un proceso judicial marcado por la manipulación. Un testigo clave, quien más tarde confesó haber sido sobornado para acusarlo falsamente, reveló un entramado de corrupción y manipulación procesal. Esta denuncia evidenció la existencia de una red que mantuvo a Gutiérrez encarcelado durante más de dos años y medio, sin base legal alguna para su prisión.

El peregrinaje judicial de Gutiérrez incluyó dos sentencias condenatorias a 30 años de prisión, dictadas por tribunales que posteriormente fueron desautorizados y cuyas decisiones fueron anuladas por la Corte de Apelación.

Este proceso judicial fue, según sus abogados, un claro ejemplo de abuso de poder y retaliación, que culminó en una victoria que, aunque tardía, establece un importante precedente para la lucha contra la impunidad y la injusticia en el país.