Santo Domingo RD.- Son ocho los arrestados por el escandaloso desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se trata de seis hombres y dos mujeres: Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del SeNaSa; Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud; Gustavo Enrique Messina, exgerente financiero; Germán Robles, exconsultor jurídico; el doctor Eduardo Read Estrella; Ramón Alan Speakler Mateo, del Grupo Suilrod; Cinty Acosta, de la empresa IntraCare, y Ada Ledesma Ubiera, de la farmacéutica Lufarka y estudiante de medicina.

Estos ciudadanos están acusados de asociación de malhechores, corrupción, coalición de funcionarios, uso de documentos falsos, lavado de activos y otros cargos que serán dilucidados en la Justicia.

Los imputados fueron apresados después de 12 allanamientos con la participación de 25 fiscales y más de 200 agentes policiales. Es la llamada “Operación Cobra“, una ofensiva para desentrañar la telaraña del caso SeNaSa.

Por cierto, ese caso fue destapado inicialmente por el programa N Investiga, dirigido por la periodista Nuria Piera, que documentó una estructura de contratos irregulares y pagos millonarios a empresas fantasmas por supuestos servicios médicos.

‘Operación Cobra’: 25 fiscales, 12 allanamientos y 8 arrestos en el sonado caso SeNaSa 

‘Operación Cobra‘: así se llama la nueva operación puesta en marcha por el Ministerio Público para desentrañar y judicializar la sonada y presunta estafa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se trata del exdirector del SeNaSa Santiago Hazim y otras 7 personas que fueron arrestados por presunta corrupción en esa institución.

Los apresados son: Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma. Este grupo está acusado de cometer un megadesfalco en el SeNaSa, en detrimento del Estado dominicano.

En las operaciones participaron 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, que hicieron 12 allanamientos en busca de pruebas y evidencias para sustentar el expediente acusatorio.

Las acusaciones incluyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, avanzó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.

Recordó que la administradora de riesgos de salud (ARS) SeNaSa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.

“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”, añadió.

El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Las acciones de la ‘Operación Cobra‘ son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.