Santo Domingo RD.- –El presidente de la República, Luis Abinader, emitió la noche de este lunes el Decreto núm. 84-26 mediante el cual dispuso nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.

La disposición presidencial nombra a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Santos Badía se desempeñaba hasta el momento como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, Santos Badía posee una amplia trayectoria en los ámbitos legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en la elaboración del Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.

Además, es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, entre otras distinciones.

El decreto también designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA), con concentración en Operaciones, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El nuevo contralor general cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e implementación de sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición presidencial deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo