Santo Domingo RD.- Tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional el pasado jueves, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo el régimen jurídico que rigió desde 1884. El mismo comenzará a ser aplicado a partir de agosto del próximo año.

El nuevo código, que se encuentra dispuesto en la Ley 74-25, contiene la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio; se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.

Por igual, se dispone el cúmulo de penas por varios delitos, además del aumento de la pena máxima de prisión hasta 40 años; también, la creación de medidas sociojudiciales, que incluyen vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.

Asimismo, la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables de incurrir en este delito para ocupar cargos públicos. La reforma también extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

El comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República, el Código Penal promulgado, además de sancionar, incorpora un enfoque preventivo y resocializador, reconociendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y toda la sociedad en general.

La promulgación del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en 12 meses (en 2026), la República Dominicana deja atrás un marco normativo anacrónico y avanza hacia un modelo de justicia moderno, centrado en la protección de los derechos humanos.