SANTO DOMINGO RD-. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó el papel de la justicia constitucional en la construcción de seguridad jurídica y confianza, al establecer mediante sus decisiones criterios que permiten armonizar la libertad de empresa, la regulación estatal y la protección del interés general.

Al dictar la conferencia «La dimensión económica de la justicia constitucional», durante Mercado Top Lawyers 2026, Estévez Lavandier afirmó que el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel decisivo en la interpretación de los principios que integran el régimen económico del país, ofreciendo respuestas concretas a los desafíos que plantea la interacción entre la actividad empresarial y el ejercicio del poder público.

En ese sentido, sostuvo que esta alta corte, a través de sus decisiones, «ha precisado el alcance de la libertad de empresa, la libre competencia, la igualdad entre los agentes económicos, la protección del medioambiente, los derechos de los consumidores y del contribuyente, y la seguridad jurídica».

El magistrado Estévez Lavandier explicó que la Constitución consagra una economía social de mercado, que articula la libertad de iniciativa económica con la potestad del Estado de intervenir para proteger el interés general y promover un desarrollo equilibrado.

Precisó que, aunque la actividad económica se desarrolla dentro de un marco de libertades constitucionalmente protegidas, existen reglas, límites y responsabilidades cuya aplicación debe ser razonable, previsible y jurídicamente fundada.

«Ni la potestad regulatoria del Estado ni la libertad de empresa tienen carácter absoluto. Corresponde al derecho establecer los límites que permitan armonizar ambas dimensiones, procurando que la intervención pública sea legítima y razonable y, al mismo tiempo, que la iniciativa privada pueda desenvolverse dentro de condiciones jurídicas suficientemente fijadas», expresó durante el evento organizado por la Revista Mercado.

Como muestra del impacto de la jurisprudencia constitucional en el ámbito económico, Estévez Lavandier citó varias decisiones del Tribunal Constitucional que han contribuido a establecer criterios sobre las relaciones entre el Estado, las empresas y los distintos agentes económicos.

Entre ellas mencionó la Sentencia TC/0411/18, en la que el alto tribunal reafirmó el principio de igualdad de trato entre empresas públicas y privadas cuando concurren en un mismo mercado, evitando que la vinculación de una entidad con el Estado se traduzca en ventajas indebidas.

Asimismo, hizo referencia a la Sentencia TC/0137/20, que estableció que la libertad de empresa y la libre competencia resultan incompatibles con la creación de monopolios privados injustificados.

También citó la Sentencia TC/0496/25, mediante la cual el Tribunal abordó la estabilidad de los actos administrativos, la seguridad jurídica y la confianza legítima en relación con requisitos legales vinculados al desarrollo de un proyecto aeroportuario.

El presidente del TC resaltó que la contribución de la justicia constitucional a la seguridad jurídica trasciende el contenido de las decisiones, pues también resulta fundamental la forma en que estas son construidas, motivadas y proyectadas para orientar el futuro.

«Una sentencia no cumple plenamente su función cuando ofrece un resultado sin exponer el razonamiento que lo sustenta. Las decisiones judiciales no solo resuelven controversias concretas; también orientan a otros tribunales, proporcionan criterios a los abogados y permiten que ciudadanos, empresas e instituciones comprendan la forma en que el derecho será interpretado y aplicado», manifestó.

Puntualizó que la confianza en el ordenamiento reduce la incertidumbre, favorece la planificación de largo plazo y contribuye a crear las condiciones necesarias para que la iniciativa privada despliegue su potencial dentro de un marco institucional sólido y confiable.

Sobre este punto, el magistrado afirmó que, como Tribunal Constitucional, «estamos conscientes de que el precedente favorece la coherencia y permite que ciudadanos, empresas, abogados y autoridades orienten su conducta con una expectativa razonable sobre la aplicación del derecho».

Aclaró, sin embargo, que esto no impide la evolución de la jurisprudencia, pues los conflictos cambian, la sociedad se transforma y surgen problemas que anteriormente no existían.

«Ninguna sociedad permanece estática y ningún ordenamiento puede sustraerse a las transformaciones que imponen el tiempo, la tecnología o las nuevas realidades sociales. Lo que sí exige es que todo cambio encuentre explicación, justificación y coherencia dentro del marco constitucional», expresó.

«Es pues, ese principio de confianza pública, el sentido profundo de la seguridad jurídica. De él se nutre la libertad; sobre ese fundamento se fortalece la confianza en las instituciones; y en torno a esa certeza se construyen las condiciones indispensables para el progreso, la estabilidad democrática y la paz social», concluyó Estévez Lavandier.

Al acto asistieron los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira; la secretaria Grace Ventura, así como directores del TC, representantes de la sociedad civil y de la comunidad jurídica.