Santo Domingo RD.- El Juzgado de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, el pastor de Haina señalado de abusar de niños en la Fundación Restaurando Vida, “Un Muerto que Revive”, en esa demarcación

Del mismo modo, contra el supuesto cómplice del religioso, Isaías Muñoz, el tribunal ordenó una garantía económica de 20 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica. 

El pastor deberá cumplir la medida en el penal para hombre en Najayo. En ese orden, los abogados de Capellán señalaron que apelarán lo impuesto por el tribunal.

La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).

La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años.

Las presuntas víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.

Las Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección, según el órgano acusador.

El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.

A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.