Santo Domingo RD.- El Poder Ejecutivo depositó la tarde de este lunes, a través del consultor jurídico, un proyecto para robustecer, ampliar y hacer más eficaz la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

La propuesta del presidente Luis Abinader consiste en modificar los artículos 2,5,6 y 7 de la normativa, y forma parte de las 15 medidas anunciadas el domingo por el presidente Luis Abinader, enfocadas en frenar el éxodo de haitianos hacia la República Dominicana.

El proyecto fue entregado por el consultor jurídico, Antoliano Peralta, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

De aprobarse, el artículo 2 señala que se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes a toda persona que favorezca o coordine la entrada irregular de una persona en el territorio nacional.

En el 5 se incorporará la tipificación del delito por omisión, estableciendo dos condiciones: que la gente sea garante de la protección de un bien jurídico o garante de la vigilancia de un determinado foco de peligro, "siempre que exista la obligación bajo contrato de actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas". 

El artículo 6, sobre comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes y trata de persona, también se modificará, mientras que el 7 se variará para incorporar otras circunstancias agravantes y se subirán las penas, tanto para el actor principal como el cómplice. 

En ese caso particular, se considerará la relación del actor con la víctima, la gravedad del daño, la vulnerabilidad de la víctima, así como los medios empleados. 

Penas aumentarán

En ese sentido, de aprobarse la iniciativa, la pena pasará de 10 a 15 años de cárcel y de 150 a 250 salarios mínimos a de 12 a 20 años de reclusión y multa de 750 a 1,500 salarios mínimos del sector público; así como la suspensión de la ciudadanía, en el caso de que sea un extranjero que la haya obtenido. 

En cuanto a los cómplices, se aumentarán la sanción, se agrega los agravantes: uso de armas, daño a mayores de edad y la muerte de persona objeto del tráfico. 

Debido a eso, si a causa de la comisión de los delitos contemplados en la ley resulte la muerte de una persona objeto de tráfico ilícito de migrantes o víctima de trata, la pena será de 30 años; sin embargo, si se produce la muerte de dos o más personas, la pena subirá a 40 años de reclusión. 

En ambos casos, la pena estará acompañada de multa de 3,000 a 6,000 salarios mínimos del sector público y la suspensión de los derechos de ciudadanía de conformidad con la Constitución.

Será tratada con urgencia

Al recibir el documento de ley, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, expresó que, aunque se va a estudiar, la propuesta será tratada con urgencia. 

En ese sentido, será conocida en la sesión de este martes y se enviará a comisión para posterior informe y aprobación en dos lecturas seguidas. 

Abinader: se fortalece la seguridad nacional

En su documento de motivación, el presidente Abinader expresó que la legislación también "refuerza el compromiso del Estado dominicano para disminuir al máximo la práctica de esta actividad ilícita, con miras a aumentar la seguridad ciudadana y, de manera consecuente, garantizar la protección de las personas y la custodia de la seguridad nacional".

En octubre pasado, el Congreso aprobó una propuesta para modificar los artículos 3 de Ley 137-03, para castigar el delito de tráfico de menores.