NEPAL.-El Ejército de Nepal, a cargo de la seguridad nacional tras la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli, informó este miércoles que extenderá el toque de queda hasta este jueves en respuesta a la oleada de protestas que dejó un saldo de 25 muertos, el Parlamento incendiado y el aeropuerto principal del país sin funcionar.

“He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy... para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, expresó Oli en una carta enviada a la presidencia.

La dimisión del premier marca el inicio de un nuevo escenario de negociación tras días de protestas masivas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad en Katmandú y el resto del país. Las gotas que rebalsaron el vaso para la ciudadanía fueron las muertes en las protestas y la prohibición de redes sociales, entre las principales causas.

“Estamos aquí para protestar porque están matando a nuestros jóvenes y amigos, estamos aquí para pedir que se haga justicia y que se derribe el régimen actual. K.P. Oli debe ser expulsado”, sostuvo Narayan Acharya, uno de los manifestantes presentes en las protestas y otro, Durganah Dahal, sumó al reclamo: “Mientras este Gobierno siga en el poder, la gente como nosotros seguirá sufriendo”.

Por otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su pesar por la pérdida de vidas en Nepal y transmitió sus condolencias a los familiares de los manifestantes fallecidos. En un comunicado difundido por el portavoz Stéphane Dujarric, Guterres solicitó una “rigurosa investigación” de los hechos y llamó a la moderación de todas las partes “para evitar una mayor escalada de violencia”.

El máximo responsable de la ONU instó a las autoridades a “cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. “Las protestas deben realizarse de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad”, señaló Guterres, quien además instó al diálogo como vía para “forjar un camino constructivo hacia el futuro”.

El Gobierno de Nepal avanzó con un proyecto de ley que buscaba regular las redes sociales con el argumento de asegurar que las plataformas se “gestionen adecuadamente, sean responsables y rindan cuentas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil cuestionaron la iniciativa y la calificaron como herramienta de censura y castigo a la oposición por quienes expresan críticas contra las autoridades.

El premier exigió a las empresas tecnológicas la designación de una oficina de enlace o punto de contacto en Nepal, una tarea difícil de aceptar en términos semanales para las grandes empresas como Google (propietaria de YouTube), Meta (la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y X del empresario Elon Musk.