SANTO DOMINGO RD . El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 12 hombres acusados de integrar una red criminal dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego.

Los imputados son Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Fernández, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.

La solicitud del órgano acusador está sustentada en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales obtenidos durante la investigación. Además, toma en consideración la cantidad de imputados, la gravedad de los hechos atribuidos y el amplio volumen de evidencias recopiladas.

De acuerdo con el expediente presentado por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, los acusados formaban parte de una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, los cuales eran ingresados clandestinamente al territorio dominicano para su posterior venta.

La investigación se inició tras el arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez, ocurrido el 3 de diciembre de 2025 en el sector Miraflores, del Distrito Nacional. Según las autoridades, al momento de su detención le fueron ocupadas cinco pistolas, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.

A partir de ese hecho, el Ministerio Público desarrolló una serie de diligencias investigativas que incluyeron análisis técnicos, extracción forense de información de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, vigilancia, entrevistas, seguimientos e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente.

Las pesquisas permitieron establecer vínculos entre Gil Pérez y la presunta organización criminal. Durante la investigación, este declaró que las armas ocupadas le habían sido entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), quien supuestamente coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.

Las evidencias obtenidas permitieron a los investigadores identificar la participación y el nivel de implicación de cada uno de los imputados dentro de la estructura.

Como resultado de las pesquisas, el Ministerio Público obtuvo las autorizaciones judiciales correspondientes y ejecutó, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, once allanamientos simultáneos en las residencias de los acusados, donde se materializaron los arrestos.

Durante los operativos fueron ocupadas armas de fuego cortas y largas, municiones de distintos calibres, cargadores, accesorios tácticos y otros objetos presuntamente vinculados al tráfico ilícito de armas. Entre las evidencias figuran pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas de fusiles, cientos de municiones, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas y chalecos antibalas.

Asimismo, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, registros con anotaciones relacionadas con transacciones de armas, dinero en efectivo y vehículos que habrían sido utilizados por la organización.

En el allanamiento practicado en la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla también fueron ocupadas sustancias controladas. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que se trataba de 71.44 gramos de cocaína clorhidratada y 52.11 gramos de cannabis sativa (marihuana).

De igual manera, en la vivienda de José Luis Vignieri Rodríguez fueron encontradas armas de fuego, municiones, sustancias presumiblemente narcóticas, equipos electrónicos y otras evidencias de interés para la investigación.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas, violaciones a la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas y a la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en virtud de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16; los artículos 5, letra A; 28, 75, párrafo II, y 85, letras B y D, de la Ley 50-88, así como el artículo 3, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17.