SANTO DOMINGO RD.– El país vuelve a mirar con atención el caso del colapso del techo del Jet Set Club, tragedia que el pasado 8 de abril de 2025 dejó 236 personas muertas y más de un centenar de heridos.

Este viernes, el Ministerio Público depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal y el requerimiento de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del afamado centro nocturno.

La acusación, firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, imputa a los empresarios los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

Según el expediente, los propietarios agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización industriales y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran su resistencia. También ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad de empleados y clientes.

El Ministerio Público sustenta su acusación en cientos de elementos de prueba, entre ellos los informes periciales de los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro (BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada, quienes coincidieron en que el colapso fue consecuencia de fallas estructurales atribuibles a negligencia humana.

Recuerdo de una noche trágica

Se recuerda que entre las víctimas de la fatídica noche del 8 de abril estuvieron el merenguero Rubby Pérez, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, el expelotero profesional Octavio Dotel, varios miembros de la familia Grullón, así como seguidores del artista invitado que acudieron al tradicional “lunes bailable” del Jet Set Club. Entre los fallecidos también se encontraban extranjeros residentes y turistas, lo que dio al caso una dimensión internacional.

Una ley más severa… que aún no entra en vigor

Aunque la acusación se formula bajo el Código Penal vigente, el nuevo Código Penal Dominicano, ya aprobado por el Congreso Nacional pero aún pendiente de entrada en vigor, establece sanciones más estrictas para los propietarios de establecimientos comerciales, centros de espectáculos o espacios públicos que, por negligencia estructural o incumplimiento de normas de seguridad, provoquen muertes.

Esta reforma introduce por primera vez un régimen progresivo de penas, de acuerdo con la cantidad de víctimas como prisión menor de hasta 5 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos si muere una persona. De 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos si mueren entre dos y cinco personas. Y, en casos como el del Jet Set Club, donde las víctimas superan las cinco, la pena puede alcanzar 10 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos.

De haber estado vigente, esta normativa habría endurecido significativamente la sanción contra los acusados, quienes actualmente enfrentan penas que, según juristas consultados, podrían no superar los dos años de prisión y una multa “que no alcanzaría para pagar una cerveza en el propio Jet Set”, como señaló un análisis publicado por El Día.