Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una amenaza contra la encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtiendo que podría pagar «un precio muy alto» si no alinea su política en favor de las exigencias de Washington, informa The Atlantic.

En una entrevista con la revista, aseveró que si Delcy Rodríguez «no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro», refiriéndose al presidente de la República Bolivariana, quien fue «secuestrado» de acuerdo a Rodríguez , el sábado durante la operación militar estadounidense que apuntó a Caracas. Asimismo, dejó claro que no toleraría lo que describió como «un rechazo desafiante» de Delcy a la intervención armada de Washington.

Tras los ataques aéreos masivos estadounidenses contra Venezuela y la captura  de Maduro, Delcy Rodríguez ratificó en un mensaje a la nación que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente del país. «Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; único presidente de Venezuela. […] Hay un solo presidente en el país, que se llama Nicolás Maduro Moros», recalcó Rodríguez.

Delcy Rodríguez recibe el respaldo de la Fuerza Armada de Venezuela, convocada por el TSJ

Venezuela.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela expresó este domingo su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que asuma como presidenta encargada, y aseguró que garantizará la gobernabilidad del país, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Caracas y varias zonas aledañas a esta capital.

En un comunicado, leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada respaldó el llamado formulado por el TSJ a Rodríguez, aunque señaló que considera a Maduro como «el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos» y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata

La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer en la noche del sábado un comunicado durante una transmisión obligatoria en radio y televisión, indicó que el TSJ tomó esta decisión tras el que consideró como » secuestro» de Maduro, situación que calificó de «excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución».

El objetivo, prosiguió, es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, «sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores».

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente las suplirá el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Expectativa por el estado de excepción en Venezuela

Por otro lado, la FANB también dijo que respalda «plenamente» el estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para tomar medidas en situaciones de conflicto.

El pasado 29 de septiembre, Rodríguez, la también ministra de Hidrocarburos, anunció en un encuentro con el cuerpo diplomático en Caracas que Maduro firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría «facultades especiales» al mandatario ante lo que denunció como «amenazas» de EE.UU.

Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su «pleno funcionamiento», y activar «todos los planes de seguridad ciudadana».

Expertos constitucionales han explicado a EFE que el decreto debe publicarse en gaceta para conocer el alcance de las medidas que puede tomar el Estado, pues no están especificadas en la ley.