SANTO DOMINGO, R.D.- Para este miércoles, 29 de agosto Puerto Plata Port Investment, S.R.L., beneficiaria del Puerto Turístico de Puerto Plata, enfrenta, dos recursos Contenciosos Administrativos y dos solicitudes de medidas cautelares, que procuran anular y cuestionar la forma de cómo les fue adjudicada la licitación.

El abogado César Amadeo Peralta, tras dar a conocer la información, sostuvo que se cometieron irregularidades en perjuicio de varias empresas, algunas de las cuales se retiraron “por las sospechas de contubernios que allí se manejaban y la no entrega del pliego de condiciones en los plazos establecidos por la ley, a los fines de ser parte oferente en dicha licitación”. 

Dijo que en Puerto Plata, resultarían afectados con el desalojo y desplazamiento de sus centros de trabajo, los sindicatos de pescadores, asociación de marinos mercantes, sindicato de descargadores de camiones de esa provincia y zonas aledañas.

También, el Sindicato de Activadores y Arrimo Portuario de Puerto Plata (CINEPOA), Sindicato de Recibidores y Descargadores de la Zona Portuaria (CIDECARSOP), Sindicato de Trabajadores de Almacenes de Puerto Plata, Asociación de Dueños de Barcos Pesqueros, Sindicatos de Volteos y Volquetas, Sindicatos de Marino Mercantes.

Amadeo Peralta sostuvo que esos gremios se les ha hecho la falsa promesas de que serían reubicados, “cuando en realidad allí no se construirá un Puerto de Cargas, sino que quien resulte legalmente adjudicatario, levantara las condiciones para el manejo de un Puerto Turístico Privado”.

Sostuvo que la empresa Puerto Plata Port Investment, S.R.L., de igual modo, y según sus documentos constitutivos, es evidente que fue creada como compañía de carpetas para participar en esta licitación arreglada y según certifica la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, entre sus socios se encuentran ITM MX, B.V., Promociones turísticas Mahahual, S.A. de C.V., y Mauricio Hamui Hilwani, quienes no participaron como consorcio.

Reveló que esa compañía fue creada el 17 de noviembre de 2017, con un capital de RD%100,000.00 y luego aumentado para aparentar solvencia económica. 

De igual modo, dijo que la licitación fue cuestionada por la doctora Yokasta Guzmán, directora general de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, mediante oficio No. DGCP-2018-001666, de fecha 25 de abril de 2018, en la cual le comunica a la Autoridad Portuaria Dominicana, que no continuara ofreciéndole asistencia técnica, con relación a dicha licitación, “entre otros fuertes cuestionamientos”. 

Afirmó que de sobrevenir una nueva administración en Autoridad Portuaria o un nuevo gobierno, la empresa Puerto Plata Port Investment, S.R.L., podría perder el contrato de esa licitación, “por las tantas irregularidades que posee, a pesar de que los cabildeos a altos niveles, especialmente en la ciudad de Puerto Plata, rondan a cualquier hora del día”. 

Indicó que el Tribunal Superior Administrativo emitió autorización para conocer audiencia, a fin de conocer sobre la solicitud de medida cautelar, depositada por la sociedad Aja Internacional.

Esta empresa se encuentra representada por la firma de abogados Peralta & Peralta, la Asociación de Abogados Consultores, y el licenciado Cesar Amadeo Peralta, quienes alegan que la licitación está plagada de vicios y de irregularidades procesales, “que podrían llevar la misma a otras instancias y se compruebe posibles delitos de concusión, cohecho, coalición de funcionarios y otras infracciones graves”. 

Sostuvo que estos recursos le fueron notificados a la señora Circe Almanzar Melgen, Manuel Luna Sued, Gustavo Tavares, en sus calidades de miembros del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Dominicana, así como a la doctora Yokasta Guzmán, directora de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y a Juan Carlos Monta, presidente del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Dominicana. 

Dijo que la licitación es por un monto de 5 mil millones de pesos y estaría a cargo de la empresa que resulte adjudicataria, y en esta obra el Estado Dominicano no tendría que aportar ningún tipo de recursos. 

Señaló que la empresa Aja Internacional, S.A., “alega violaciones a los principios de transparencia, publicidad y eficiencia, así como al principio de razonabilidad, basado en el hecho de que una empresa que vaya a invertir de su propio peculio la suma de 5 cinco mil millones de pesos y demuestra irregularidades en el suministro de las informaciones, en cuanto al pliego de condiciones, debería serle prestada la mayor transparencia, sin violentarle lo que sería el debido proceso”. 

El abogado Amadeo Peralta, en su recurso, solicita al Tribunal Administrativo que se ordene la suspensión provisional como medida cautelar anticipada de los efectos de la circular 01-2018 y la continuación del proceso de licitación APORDOM-CCC-LPN-001-2018, en virtud de todas las irregularidades denunciadas en dichos recursos.

En la instancia advierte que los daños y perjuicios que le sean ocasionados a su representante, en violación a la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones, puede conllevar a responsabilidades civiles, penales y administrativas, según lo previsto en los artículos 148, de la Constitución de la República, y los artículos 1382, 1383 y 1384, del Código Civil Dominicano, entre otras infracciones. 

Igualmente, advirtió que, de proseguir con dicha licitación anormal, la empresa que resulte irregularmente adjudicataria, sería igualmente encausada ante los Tribunales, “en donde demostraran todas las irregularidades cometidas”.