Santo Domingo RD.– El Gobierno inició un programa integral de seguridad ciudadana en 10 sectores priorizados, seleccionados a partir de un mapa de calor que identifica las zonas con mayores incidencias, con acciones que incluyen aumento del patrullaje, instalación de cámaras, iluminación y recuperación de espacios públicos.

La directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez, explicó que el programa busca trasladar a los territorios la estrategia nacional de seguridad mediante diagnósticos, coordinación institucional y seguimiento continuo.

Según detalló, en cada sector se identifican las principales necesidades de los ciudadanos y se coordinan respuestas con más de 20 instituciones del Estado.

Villas Agrícolas, primera zona intervenida

El primer sector intervenido es Villas Agrícolas, donde las autoridades aseguran haber realizado más de 120 actividades, instalado 348 luminarias y validado 63 cámaras del Sistema 9-1-1.

Rodríguez indicó que, durante los primeros dos meses de la intervención, se ha registrado una reducción de los robos reportados, aunque en la información suministrada no se precisó el porcentaje de disminución.

También se trabaja con la Fiscalía, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y otras instituciones para facilitar el acceso a la justicia, retirar obstáculos de las vías y atender problemas que afectan la convivencia.

Plan seguirá en Cienfuegos y Buenos Aires de Herrera

Las autoridades informaron que el programa será ampliado posteriormente a Cienfuegos, seguido de Buenos Aires de Herrera, como parte del proceso de expansión de las intervenciones de seguridad ciudadana.

El Ministerio de Interior y Policía señaló que estas zonas son escogidas a partir de diagnósticos y del seguimiento de las incidencias analizadas por la Fuerza de Tarea.

Más cámaras, patrullaje y luminarias

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el aumento del patrullaje en determinados sectores se decide de manera coordinada con la Policía Nacional.

También destacó el uso de la videovigilancia del 9-1-1, que, según indicó, ha permitido al Departamento de Investigaciones Criminales dar seguimiento a casos e identificar personas vinculadas a hechos delictivos.

Las intervenciones incluyen, además, la instalación de luminarias, coordinada entre Interior y Policía y las empresas distribuidoras de electricidad, así como el uso de radios conectados con el sistema de emergencias.

Más de 4,000 mediadores de conflictos

Raful informó que el Ministerio de Interior y Policía cuenta con más de 4,000 mediadores de conflictos capacitados para intervenir en situaciones que podrían escalar a hechos violentos.

La funcionaria sostuvo que el objetivo de estas acciones es prevenir enfrentamientos antes de que provoquen personas heridas o fallecidas.

Refuerzan vías para denunciar

La Policía Nacional también dispone de una plataforma digital para recibir denuncias, con la que las autoridades buscan facilitar que los ciudadanos reporten hechos sin tener que depender exclusivamente de acudir presencialmente a un destacamento.

Raful aseguró, además, que se ha instruido a los destacamentos para que no se nieguen a recibir denuncias de ciudadanos que acudan a presentar sus casos.

El Ministerio de Interior y Policía mantiene igualmente líneas para denunciar actuaciones de agentes, situaciones que ocurran en las comunidades y casos relacionados con contaminación sónica, señalada como uno de los factores que generan conflictos entre ciudadanos.

Las autoridades indicaron que el programa incluye, además, iniciativas de prevención, como la apertura de centros educativos fuera del horario de docencia para actividades de jóvenes, así como acciones relacionadas con espacios públicos, tránsito y regulación de establecimientos de bebidas alcohólicas.

Autoridades destacan baja de homicidios, pero cifra no incluye muertes en intervenciones policiales

Santo Domingo.– Las autoridades aseguraron que la tasa acumulada de homicidios intencionales en República Dominicana se sitúa alrededor de 7.4 por cada 100 mil habitantes, aunque aclararon que ese indicador no incluye las personas fallecidas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Durante La Semanal con la Prensa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que los datos muestran una reducción de los homicidios en comparación con años anteriores, aunque reconoció que esa mejoría estadística no necesariamente se traduce de manera inmediata en una mayor percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Raful explicó que la percepción de inseguridad también está condicionada por las experiencias cotidianas de la población, como conflictos en los barrios, robos y otras situaciones que afectan directamente a las comunidades.

Los datos y la percepción en este caso no se contradicen, sino que miden cosas distintas”, señaló la funcionaria.

Muertes en intervenciones policiales no entran en la tasa

Qué muertes quedan fuera de la tasa

Durante el encuentro, fue preguntado si la tasa de homicidios incluía a las personas fallecidas en alegados intercambios de disparos con agentes policiales.

Un representante del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CACESI) explicó que la tasa de homicidio intencional utilizada en las estadísticas no contabiliza las muertes ocurridas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Indicó que el indicador mide los homicidios en los que existe una intención criminal, conforme a los criterios utilizados para elaborar esas estadísticas.

También señaló que, aunque las muertes durante enfrentamientos policiales no forman parte de esa tasa, constituyen un dato que debe ser tomado en cuenta dentro del análisis de la violencia.

Más de la mitad de homicidios provienen de conflictos

Conflictos sociales y refuerzo del patrullaje

Las autoridades informaron, además, que alrededor del 66 % de los homicidios intencionales registrados corresponden a conflictos entre ciudadanos y no necesariamente a hechos vinculados directamente con la delincuencia.

El presidente Luis Abinader afirmó que más del 60 % de los asesinatos tienen su origen en conflictos sociales y adelantó que el Gobierno trabaja en una iniciativa relacionada con la convivencia social y la resolución de conflictos.

Abinader sostuvo que, aunque las estadísticas reflejan una reducción en los homicidios y robos, las autoridades no están conformes con los niveles actuales de criminalidad.

Para nosotros, un solo homicidio, uno solo, es demasiado”, expresó el mandatario.

Mayor presencia policial

Raful también indicó que, cuando Abinader asumió el Gobierno, solo alrededor del 12 % de los 38 mil miembros de la Policía Nacional se encontraba patrullando las calles, mientras que actualmente esa proporción alcanza aproximadamente el 31 %.

La ministra reconoció que la cantidad todavía no es suficiente y señaló que aumentar la presencia policial requiere mayores recursos económicos, herramientas tecnológicas y equipamiento.

Entre las medidas implementadas mencionó la adquisición de vehículos y motocicletas, así como la intervención de estaciones policiales.

Según explicó, el diagnóstico inicial identificó alrededor de 500 destacamentos en condiciones precarias, de los cuales más de 100 ya han sido intervenidos.

Autoridades reconocen preocupación ciudadana

Raful indicó que el Gobierno no minimiza la percepción de inseguridad y aseguró que las instituciones trabajan con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para identificar necesidades como iluminación, patrullaje y respuesta a denuncias.

Asimismo, afirmó que las denuncias de robo son incorporadas al sistema de seguridad para dar seguimiento a la capacidad de respuesta de la Policía Nacional.

Las autoridades insistieron en que la reducción de la tasa de homicidios intencionales constituye una mejoría en los indicadores, aunque reconocieron que persisten desafíos relacionados con la violencia, la delincuencia y la percepción de inseguridad de la población.

Gobierno ampliará modelo policial de cuadrantes mientras prepara plan de seguridad hasta 2035

Santo Domingo.– El Gobierno trabaja en la fase de validación de un Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035, mientras avanza en la ampliación del nuevo modelo de servicio de la Policía Nacional, basado en corredores y cuadrantes, con más agentes, recursos y tecnología.

Durante La Semanal con la Prensa, encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades explicaron que el plan establecerá objetivos, indicadores y metas para los próximos diez años, y busca integrar a las instituciones que intervienen en la prevención de la delincuencia, la convivencia y la seguridad ciudadana.

La iniciativa incluye a los ministerios de Educación, Salud, Deportes y Cultura, además del Gabinete Social de la Presidencia y otras instituciones con incidencia en los territorios. El Gobierno ya había informado que el plan 2026-2035 procura coordinar las acciones estatales en materia preventiva.

Plan de seguridad con metas a 2035

La directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez, explicó que el proyecto partió de un diagnóstico elaborado con datos del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CACESI) y de una Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana.

Según indicó, a partir de ese diagnóstico fueron realizados en julio talleres sectoriales para definir una visión conjunta, así como los objetivos, ejes, indicadores y metas correspondientes al período 2026-2035.

Estamos en fase de validación de lo que son las matrices de resultados, donde estarán los indicadores y las metas propuestas para el 2035, antes de pasarlo a usted para su aprobación y validación”, explicó Rodríguez.

Abinader destaca salarios y seguros de policías

El presidente Luis Abinader vinculó el plan con el proceso de reforma de la Policía Nacional y aseguró que, durante su gestión, los salarios de rasos, cabos y sargentos han sido multiplicados por tres.

El mandatario sostuvo, además, que los agentes cuentan actualmente con mejor seguro médico, seguro de vida, equipamiento y tecnología, aunque reconoció que todavía existen necesidades pendientes dentro de la institución.

Abinader indicó que esas mejoras buscan proporcionar condiciones laborales más dignas y fortalecer la capacidad de los agentes para enfrentar modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

La reforma policial continúa siendo uno de los principales ejes de la política gubernamental de seguridad y ha incluido la participación de representantes del Estado, la sociedad civil y sectores académicos.

Policía cita descuentos, becas y plan de viviendas

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, agregó que los miembros de la institución reciben otros beneficios derivados de acuerdos gestionados por el Ministerio de Interior y Policía.

Entre ellos mencionó descuentos en medicamentos, mediante convenios con establecimientos farmacéuticos, así como becas de estudios para miembros de la institución y sus hijos.

Rodríguez García también citó el plan de viviendas, en el que, según explicó, los policías pueden acceder a un bono adicional otorgado por el Gobierno.

El jefe policial sostuvo que las mejoras salariales y sociales han incrementado la cantidad de jóvenes interesados en ingresar a la institución, lo que permite ampliar el proceso de selección de nuevos agentes.

Expansión policial por corredores y cuadrantes

Rodríguez García explicó que el nuevo modelo policial contempla la división de los territorios en corredores y cuadrantes, con el objetivo de aumentar la supervisión y distribuir los agentes según los lugares donde se concentran las denuncias y los conflictos.

El sistema utiliza un denominado mapa de calor, alimentado por las denuncias ciudadanas, para identificar las zonas donde debe concentrarse una mayor presencia policial.

Según el director policial, el proyecto piloto comenzó en junio de 2025 en varios departamentos y continuará ampliándose a otras demarcaciones del país con nuevos miembros y equipamiento.

Indicó que el proceso de expansión contempla 20 departamentos adicionales y, posteriormente, otros 19, con la intención de extender gradualmente el modelo al territorio nacional.

Reconocen que todavía faltan agentes

El jefe de la Policía reconoció que, aunque actualmente existen más policías en las calles, la cantidad todavía no es suficiente para cubrir todas las necesidades.

Explicó que el proceso de formación también ha sido ampliado, pasando de una preparación que anteriormente rondaba los tres meses a un esquema de seis meses de estudios y tres meses de práctica para los nuevos agentes.

Rodríguez García señaló que el nuevo modelo busca corregir lo que describió como una “pirámide invertida”, caracterizada por una mayor cantidad de oficiales y pocos suboficiales destinados directamente al patrullaje.

Fuerza de Tarea busca mayor coordinación

Abinader destacó, además, la puesta en funcionamiento de la Fuerza de Tarea desde mediados de 2023, luego del decreto emitido en 2021 que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El mandatario afirmó que la estrategia permitió integrar al Ministerio Público, Policía Nacional, DNCD, DICRIM y Migración, entre otras instituciones.

Según el presidente, el propósito ha sido aumentar la interoperabilidad y comunicación permanente entre las entidades para responder de manera coordinada a los problemas de seguridad.

Las reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana han continuado durante 2026 como parte de la coordinación entre los organismos de seguridad del Estado.

Seguridad sigue entre principales preocupaciones

Durante el encuentro también fue planteada la preocupación por la percepción de inseguridad y por las recientes muertes ocurridas durante alegados intercambios de disparos entre agentes policiales y presuntos delincuentes.

Las autoridades defendieron las medidas implementadas para reducir la criminalidad, aunque reconocieron que la seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha reconocido previamente la persistencia de la desconfianza ciudadana hacia la Policía y ha señalado que el proceso de transformación de la institución constituye una política de largo plazo.